La Fiscalía paraguaya encontró una cámara blindada en una residencia del expresidente que no pudo abrir durante un allanamiento. La propiedad habría sido financiada parcialmente con préstamos de Ueno Bank, entidad cuyo colapso desencadenó una investigación que alcanza a empresarios, funcionarios y recursos públicos.
Una bóveda con un sistema de seguridad de alto nivel se convirtió en uno de los nuevos focos de la investigación financiera que involucra al expresidente paraguayo Santiago Peña. Los fiscales que ingresaron a una de sus propiedades en San Bernardino encontraron una puerta blindada que no consiguieron abrir, por lo que su contenido permanece desconocido.
El allanamiento se realizó el domingo 8 de noviembre, en una residencia ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción. De acuerdo con información publicada por el diario paraguayo ABC Color, la puerta cuenta con un sistema de seguridad nivel 7 y requiere cuatro mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris y huella dactilar.
La diligencia forma parte de la investigación sobre las operaciones de Ueno Bank y los presuntos beneficios que habría recibido el grupo empresarial relacionado con la entidad durante el gobierno de Peña.
El hallazgo adquiere especial relevancia porque esa misma propiedad aparece en la acusación de la Fiscalía por los préstamos que el entonces mandatario habría recibido del banco para financiar la construcción de su vivienda.
Una residencia financiada con préstamos millonarios
Según el documento de imputación, Ueno Bank habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por 3 mil 548 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 577 mil dólares.
La Fiscalía sostiene que el dinero se destinó a financiar la construcción de la residencia de San Bernardino. El esquema de pagos contemplaba cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, alrededor de 38 mil 880 dólares, una cantidad que el Ministerio Público comparó con seis veces la remuneración presidencial.
Este financiamiento es uno de los elementos que los investigadores deben examinar para determinar si existieron condiciones preferenciales o posibles conflictos de interés entre el ejercicio del poder y los negocios del grupo propietario del banco.
La acusación también señala que Peña habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de dinero de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank.
Por ahora, la existencia de la bóveda no demuestra que contenga dinero de procedencia ilícita ni documentos comprometedores. Su apertura podría aportar información, pero será necesario conocer el contenido y establecer su relación con los hechos investigados.
Los bienes de lujo también forman parte de las diligencias
La investigación se extendió a propiedades y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Holding y vinculado a la entidad financiera.
Entre los bienes asegurados por las autoridades figuran nueve vehículos de alta gama, un yate y dos aeronaves. Los automóviles, localizados en una residencia de Asunción relacionada con Miguel Vázquez, uno de los fundadores del banco, fueron valuados por medios paraguayos en aproximadamente 1.4 millones de dólares.
También fue asegurado el yate Azimut denominado Zeus, localizado en un condominio privado de San Juan del Paraná, así como dos aeronaves vinculadas al grupo empresarial.
Los operativos alcanzaron oficinas de compañías relacionadas con el conglomerado. En instalaciones de firmas como Itti y Technoma, los investigadores incautaron documentación, computadoras, servidores y teléfonos celulares para revisar posibles operaciones y relaciones comerciales.
Por otra parte, el Registro Unificado Nacional identificó 47 propiedades vinculadas a Ueno Bank. Las autoridades judiciales también ordenaron embargos preventivos sobre bienes de representantes del grupo y de la institución financiera.
El colapso de Ueno dejó a millones de clientes afectados
Mientras se desarrollan las investigaciones patrimoniales y penales, la crisis bancaria mantiene consecuencias para los usuarios de Ueno Bank.
El Banco Central de Paraguay ordenó el proceso de resolución de la entidad después de detectar un deterioro grave en sus indicadores de solvencia. La medida afectó a aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre particulares, instituciones estatales y organismos previsionales.
La interrupción de las operaciones dejó recursos congelados y provocó reclamos de ahorradores que exigieron la devolución de su dinero. Entre los afectados se encuentran instituciones como el Instituto de Previsión Social y la represa binacional de Itaipú, además de miles de jubilados.
El Fondo de Garantía de Depósitos comenzó a cubrir los recursos protegidos, mientras las autoridades avanzan en el procedimiento para atender a los usuarios.
La crisis también provocó una reacción de la Iglesia católica paraguaya. El obispo Ricardo Valenzuela exigió la devolución urgente de los ahorros y reclamó sanciones para quienes resulten responsables. Organizaciones de trabajadores públicos, por su parte, convocaron movilizaciones para exigir garantías sobre los fondos previsionales.
Una investigación que ya cambió el escenario político paraguayo
El caso Ueno Bank tuvo consecuencias directas en el gobierno de Paraguay. El Senado destituyó a Santiago Peña el 6 de noviembre mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. Ese mismo día, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.
Peña fue detenido y quedó bajo prisión preventiva mientras avanzan las actuaciones judiciales. La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos relacionados con las operaciones financieras y el manejo de recursos vinculados al banco.
El expresidente niega haber cometido irregularidades. La imputación y las medidas judiciales no constituyen una sentencia condenatoria, por lo que las acusaciones deberán acreditarse durante el proceso.
La investigación también alcanza a directivos y ejecutivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, algunos de los cuales fueron detenidos o imputados.
La pregunta que sigue pendiente
La bóveda encontrada en San Bernardino representa una nueva incógnita dentro de un expediente que ya comprende préstamos millonarios, operaciones con fondos públicos, propiedades y bienes de alto valor.
La Fiscalía deberá establecer cómo abrir la cámara y determinar si su contenido tiene relevancia para la investigación. Pero el punto central va más allá de una puerta blindada: consiste en esclarecer si existió una relación indebida entre el poder presidencial, el financiamiento privado y la administración de recursos públicos.
El desenlace de esa investigación tendrá consecuencias no solo para los involucrados, sino también para los millones de clientes que esperan recuperar sus ahorros y conocer cómo se llegó al colapso de una institución financiera que mantenía vínculos con el aparato público paraguayo.
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