El organismo electoral presentó una denuncia para que se investiguen posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. El caso se suma a las indagatorias de la ASF y la UIF, en medio de la salida de Guadalupe Taddei y la renuncia de colaboradores cercanos.
La crisis institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) entró en una nueva etapa con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El organismo solicitó investigar posibles conductas delictivas relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos y contrataciones.
El anuncio se realizó la noche del viernes 6 de noviembre, mediante un comunicado oficial. El instituto indicó que corresponde a la Fiscalía determinar si los hechos denunciados constituyen delitos y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
La intervención de la FGR ocurre después de que se difundieran señalamientos sobre un supuesto esquema de adjudicaciones millonarias a empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellos papelería, tintas invisibles y marcas de agua.
Contratos y relaciones con proveedores bajo investigación
Las denuncias públicas apuntan a posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y a presuntos vínculos entre antiguos colaboradores del INE y empresas que recibieron contratos.
Entre los señalamientos difundidos se encuentra la posible simulación de competencia para favorecer a determinados proveedores. Sin embargo, será necesario que las autoridades documenten cómo se realizaron las adjudicaciones, quiénes participaron y si existieron beneficios indebidos.
El caso también alcanzó a Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo el 25 de octubre. La publicación de fotografías de reuniones y celebraciones privadas organizadas por un proveedor, en las que aparecía la entonces consejera presidenta, alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La presencia de una funcionaria en encuentros con proveedores no demuestra por sí misma una conducta ilegal. La investigación deberá establecer si existieron relaciones que influyeran en decisiones administrativas o en la asignación de recursos.
La salida de Taddei abrió una crisis interna
Taddei encabezó el INE durante tres años y anunció su renuncia el 25 de octubre. Al día siguiente comunicó formalmente su decisión a la Cámara de Diputados, instancia que deberá elegir a quien ocupe el cargo de manera definitiva.
Después de su salida, al menos 30 colaboradores y directivos cercanos a ella también renunciaron al instituto, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La controversia tuvo repercusiones políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la actuación de Taddei y pidió revisar las contrataciones del organismo desde 1999, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades acumuladas durante distintas administraciones.
ASF y UIF también intervienen en el caso
La denuncia ante la FGR no es la única acción institucional relacionada con los señalamientos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos del INE.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 15 empresas vinculadas con proveedores electorales y de 25 personas, entre ellas Guadalupe Taddei, según la información publicada.
Estas medidas forman parte de procedimientos distintos y no equivalen a una resolución judicial sobre la responsabilidad de las personas o empresas involucradas. Las autoridades deberán acreditar el origen de las operaciones, los posibles movimientos irregulares y la participación de cada señalado.
El INE debe continuar con la organización electoral de 2027
Mientras avanzan las investigaciones, Blanca Cruz García permanece al frente del organismo como presidenta provisional, junto con los otros 10 consejeros electorales.
La institución debe mantener el calendario de preparación para las elecciones intermedias de junio de 2027, en las que se prevé elegir 20 mil 109 cargos públicos: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y 18 mil 494 autoridades municipales.
El desafío para el INE será atender los procedimientos internos y las investigaciones externas sin comprometer la organización de los próximos comicios. La denuncia ante la FGR abre una ruta para esclarecer los hechos, pero todavía no determina quiénes serían responsables ni si las presuntas irregularidades constituyen delitos.
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