El mandatario presentó su renuncia antes de enfrentar un juicio político impulsado por legisladores opositores y disidentes colorados. La crisis bancaria dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus ahorros y abrió investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares.
La crisis del Ueno Bank terminó por convertirse en una crisis de poder para Santiago Peña. El presidente de Paraguay anunció su renuncia este miércoles 5 de noviembre, después de que el Partido Colorado, la fuerza política que lo llevó al Gobierno, anunciara que respaldaría el juicio político promovido en su contra.
La decisión llegó cuando la Cámara de Diputados se preparaba para debatir una acusación que también incluía al vicepresidente Pedro Alliana. El respaldo de la dirigencia colorada al procedimiento dejó a Peña sin el apoyo político que necesitaba para contener la ofensiva legislativa.
En un mensaje difundido mediante un video en su cuenta de X, el mandatario justificó su salida como una decisión para preservar la estabilidad del país y sus instituciones.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República», anunció.
También sostuvo que ningún cargo debía estar por encima del bienestar de Paraguay y pidió disculpas a los ciudadanos si había defraudado la confianza depositada en su administración.
El escándalo financiero que detonó la crisis colocó en el centro de la controversia a Ueno Bank, intervenido y disuelto por el Banco Central paraguayo después de detectar un deterioro grave en sus indicadores de solvencia. La entidad tenía cerca de 2.9 millones de clientes y mantenía depósitos de recursos públicos por cientos de millones de dólares.
Horacio Cartes retiró el respaldo político a Peña
El momento decisivo llegó cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, anunció que la organización respaldaría el juicio político contra Peña.
Cartes había sido uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en 2023 y mantiene una influencia determinante en la estructura del partido gobernante. Su pronunciamiento representó un quiebre político para el mandatario, que enfrentaba la posibilidad de perder el respaldo de su propia bancada.
«No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados», escribió Cartes en X. En el mismo mensaje confirmó que el Partido Colorado acompañaría el juicio político para, según sus palabras, recuperar la institucionalidad de la República.
La ruptura evidenció que la crisis ya no se limitaba al funcionamiento del banco ni a la protección de los ahorradores. También había alcanzado a la coalición política que sostenía al Gobierno.
El juicio político ya tenía 35 firmas y buscaba avanzar en el Congreso
Antes de la renuncia, diputados opositores y legisladores disidentes del oficialismo habían presentado un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, con fundamento en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El documento reunió 35 firmas, entre ellas las de Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Sus promotores buscaban convocar a una sesión extraordinaria para debatir el procedimiento.
Para que la acusación pasara al Senado se necesitaban 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara de Diputados. En la Cámara Alta, el proceso requería posteriormente 30 votos de los 45 senadores para declarar culpables a los acusados y abrir la posibilidad de destitución.
La adhesión del Partido Colorado al juicio político modificó el escenario legislativo y aumentó la presión sobre Peña. La renuncia se produjo antes de que el Congreso concluyera ese procedimiento.
La acusación también alcanzaba a Alliana, aunque la información disponible no precisa cuál será el efecto de la salida de Peña sobre el trámite relacionado con el vicepresidente.
El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia
El origen inmediato de la crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay de intervenir y disolver Ueno Bank. La autoridad financiera informó que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación.
La entidad concentraba aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de alrededor de 6.1 millones de habitantes. Entre sus depósitos había cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.
La intervención provocó preocupación entre los ahorradores, largas filas en sucursales y protestas en Asunción. Miles de personas quedaron a la espera de información sobre la recuperación de sus recursos y los plazos para disponer nuevamente de ellos.
El caso adquirió una dimensión mayor por el volumen de dinero involucrado y por los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de la institución.
El Gobierno prometió devolver parte de los ahorros mediante un fondo de garantía
En medio de la emergencia, las autoridades anunciaron mecanismos para que los clientes recuperen sus depósitos. Inicialmente, el Banco Central informó que se realizaría un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrador, con cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por persona.
Posteriormente, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó antes de dejar el cargo. La norma estableció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121.7 millones de guaraníes, alrededor de 19 mil 787 dólares, con un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.
Peña aseguró que su prioridad era proteger a quienes confiaron sus ahorros en el sistema financiero y pidió que los recursos del fondo de garantía se utilizaran para atender a los afectados.
Sin embargo, la aprobación de estos mecanismos no significa que todos los clientes puedan recuperar de inmediato la totalidad de sus depósitos. La cobertura y los procedimientos dependen de los límites establecidos y de las condiciones de cada cuenta.
La Fiscalía investiga a directivos por presuntas operaciones irregulares
La crisis bancaria también abrió un frente penal. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la investigación, se habrían concedido préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico bajo condiciones que presuntamente no cumplían los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de Ueno Bank, quien compareció ante la Fiscalía junto con otros siete directivos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás ejecutivos. Estas solicitudes forman parte del proceso judicial y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
Las autoridades deberán determinar si las operaciones investigadas ocasionaron daños financieros y si existieron responsabilidades individuales dentro de la administración de la entidad.
La crisis también alcanzó al Banco Central
Otro movimiento relevante ocurrió con la renuncia de Carlos Carvallo a la presidencia del Banco Central del Paraguay. Antes de asumir ese cargo en 2023, Carvallo había dirigido la Financiera Ueno, antecedente que también quedó bajo atención pública tras la intervención del banco.
Peña designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como sustituto, aunque su nombramiento debía ser ratificado por el Senado.
La salida del presidente, la intervención bancaria, las investigaciones penales y la ruptura con el Partido Colorado colocaron a Paraguay ante una crisis que combina problemas financieros y cuestionamientos institucionales.
La renuncia de Peña evita que el juicio político contra él llegue a una votación definitiva, pero no resuelve las dudas sobre el destino de los ahorros, los recursos públicos depositados en Ueno Bank ni las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía.
El desenlace político deja una pregunta central para Paraguay: quién asumirá la conducción del país y cómo garantizará la recuperación de los fondos de los ahorradores mientras avanzan las investigaciones sobre el banco.
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