Habitantes del asentamiento aseguran que alrededor de 80 personas han abandonado sus terrenos por amenazas, agresiones e incendios; también reclaman avances en 50 denuncias y certeza jurídica sobre sus viviendas.
El conflicto por la posesión de terrenos en la colonia Chiapas Siglo XXI, en Cancún, mantiene a decenas de familias en incertidumbre. Habitantes del asentamiento denunciaron amenazas, agresiones y quema de palapas que, según sus testimonios, han obligado a unas 80 personas a dejar los predios que ocupaban.
Durante una reunión con representantes del Gobierno de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Benito Juárez, los vecinos solicitaron que las autoridades den seguimiento a las denuncias presentadas y esclarezcan la situación legal de los terrenos.
La exigencia central es que se investiguen los hechos de violencia señalados por los habitantes y se establezcan condiciones de seguridad para quienes permanecen en la colonia.
Señalan a presuntos ejidatarios por amenazas y despojos
Nury Hernández, vecina del asentamiento, acusó a un grupo de ejidatarios, presuntamente encabezado por Serapio Martínez y Mario González, de utilizar la intimidación y la violencia para obligar a las familias a abandonar sus terrenos y posteriormente revenderlos.
De acuerdo con su testimonio, el conflicto comenzó alrededor de 2017 y las presuntas agresiones se han intensificado con el paso de los años.
Hernández afirmó que los habitantes han presentado 50 denuncias contra el grupo señalado, mientras que existen seis procedimientos promovidos contra colonos.
“Nosotros tenemos 50 en contra de ellos; ellos en contra de nosotros, seis. Las denuncias van por amenazas, despojo, golpes, amenazas de desvivirnos, quema de palapas, daños”, expresó.
Los vecinos acudieron al encuentro para solicitar información sobre el avance de esos expedientes y conocer qué acciones se tomarán ante los hechos que reportan.
Calculan que 80 personas abandonaron sus terrenos
Hernández estimó que en Chiapas Siglo XXI viven alrededor de 800 personas y que el asentamiento comprende unas 200 hectáreas.
Según sus cálculos, cerca del 40 por ciento de esa superficie habría sido revendida después de que sus anteriores ocupantes dejaran los predios. La cifra corresponde a una estimación de la representante vecinal y no fue acompañada de documentación que permita confirmar la extensión afectada o la situación de cada terreno.
La disputa mantiene a las familias preocupadas por la permanencia en sus viviendas, especialmente ante las denuncias de amenazas y daños a las propiedades.
Piden intervención y certeza sobre la propiedad de los terrenos
Los habitantes solicitaron a las autoridades estatales y municipales que no se limite la atención del conflicto a reuniones, sino que exista seguimiento a las denuncias y se esclarezca quiénes tienen derechos legales sobre los predios.
Hasta ahora, la información disponible no precisa qué acuerdos se establecieron durante el encuentro ni incluye una postura oficial sobre las denuncias. Tampoco se cuenta con la versión de las personas señaladas por los vecinos.
Por ello, las acusaciones sobre despojos, agresiones y reventa de terrenos deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes, al igual que la titularidad de las superficies en disputa.
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