El Departamento de Justicia calificó el operativo como el mayor de su historia; la jornada ocurre después de que la Corte Suprema rechazara el intento de separar 20 mil papeletas cuestionadas por la administración en California.
El gobierno de Donald Trump desplegó alrededor de mil observadores electorales en los 50 estados de Estados Unidos durante las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre, en un operativo que el Departamento de Justicia calificó como el mayor esfuerzo de supervisión electoral realizado por esa institución.
La movilización federal fue coordinada por la División de Derechos Civiles e incluyó personal del propio Departamento de Justicia, oficinas de fiscales federales y observadores de la Oficina de Administración de Personal.
La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon sostuvo que el despliegue busca fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de las leyes electorales federales.
Aunque el gobierno presentó la operación como un hecho sin precedentes, la novedad está en su alcance nacional: el Departamento de Justicia realiza labores de observación electoral desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965, pero esta es la primera vez que despliega observadores en los 50 estados durante una misma jornada.
Qué vigilarán los observadores federales
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los equipos verificarán el cumplimiento de las disposiciones federales que protegen el derecho al voto, entre ellas las relacionadas con la no discriminación, el acceso de personas con discapacidad y la prevención de intimidación o restricciones ilegales contra los electores.
El organismo informó que sus representantes mantendrán comunicación con autoridades electorales estatales y locales durante la jornada. La supervisión contempla más de 120 jurisdicciones, con presencia en ciudades y condados de los 50 estados.
El despliegue ocurre en un ambiente de tensión política por las declaraciones de Trump y sus aliados sobre posibles irregularidades en los procesos electorales, particularmente por la participación de personas que no cuentan con ciudadanía estadounidense.
La presencia de observadores federales también ha generado inquietud entre autoridades y organizaciones defensoras del derecho al voto, que han advertido sobre la necesidad de evitar cualquier interferencia o intimidación en los centros de votación.
La disputa por 20 mil papeletas en California
Uno de los principales conflictos entre el gobierno federal y las autoridades estatales se concentra en California, donde la administración Trump buscó impedir que se contabilizaran papeletas relacionadas con aproximadamente 20 mil personas que considera posibles no ciudadanas registradas para votar.
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado al sostener que esas personas podrían haber sido incorporadas irregularmente al padrón electoral. Sin embargo, las autoridades californianas cuestionaron la precisión de la información federal y rechazaron que se apartaran los votos sin una verificación individual.
El lunes 2 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de emergencia presentada por el gobierno federal para que las autoridades electorales separaran esas papeletas antes del conteo.
La decisión dejó sin efecto esa medida solicitada por la administración Trump, aunque no resolvió de manera definitiva el litigio sobre los registros cuestionados.
El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que cualquier intento de interferir con los votantes o manipular las papeletas podría ser perseguido conforme a las leyes estatales.
El control de las elecciones corresponde a los estados
Aunque el gobierno federal tiene facultades para hacer cumplir las leyes nacionales sobre derechos electorales, la organización y administración de los comicios corresponde principalmente a las autoridades estatales y locales.
La disputa por las papeletas de California refleja precisamente esa diferencia de competencias. El gobierno de Trump sostiene que busca proteger la integridad electoral, mientras que las autoridades estatales han cuestionado sus intentos de intervenir en procedimientos que consideran bajo su responsabilidad.
La controversia también se desarrolla en un contexto de investigaciones sobre el voto de personas no ciudadanas. Aunque la legislación federal prohíbe que los extranjeros voten en elecciones federales, estudios y revisiones electorales anteriores han encontrado que estos casos representan una proporción muy reducida del total de sufragios.
La jornada de este martes definirá la renovación de cargos legislativos y otros puestos estatales y locales, en una elección que también pondrá a prueba la relación entre el gobierno federal y las autoridades responsables de organizar los comicios.
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