La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que compañías vinculadas a los empresarios obtuvieron contratos de 23 de los 32 organismos electorales locales entre 2014 y 2023; sus antecedentes como proveedores se remontan a 2005.
Las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas acumularon contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales locales, de acuerdo con información presentada por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.
La funcionaria señaló que, entre 2014 y 2023, las compañías vinculadas a ambos empresarios recibieron adjudicaciones de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El caso forma parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cartonera Plástica y los contratos electorales
Una de las empresas relacionadas con los hermanos es Cartonera Plástica, constituida en 1999 y dedicada al suministro de materiales para procesos electorales.
Según la información difundida, aunque los empresarios fundaron sus compañías, actualmente los registros corporativos muestran que estas se encuentran bajo el control de sus hijos.
La investigación presentada por el Gobierno federal también revisa los antecedentes profesionales de los hermanos antes de su incursión en el negocio de los materiales electorales.
Su relación con dependencias federales comenzó en los años ochenta
En 1983, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, entonces dirigido por Juan Carlos Padilla Aguilar.
Posteriormente, cuando Padilla Aguilar fue designado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los hermanos también colaboraron con él.
En 1999 constituyeron Cartonera Plástica, pero su primer contrato electoral reportado llegó hasta 2005, cuando el Instituto Electoral del Estado de México les adjudicó un acuerdo por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral.
De acuerdo con la información publicada, en ese procedimiento se detectaron irregularidades que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
Las investigaciones deberán precisar las responsabilidades
La información sobre los contratos millonarios se suma a los señalamientos relacionados con proveedores del INE durante la administración de Taddei. Sin embargo, recibir contratos públicos no constituye por sí mismo una prueba de corrupción o de responsabilidad penal.
Para establecer si existieron irregularidades será necesario conocer los procedimientos de contratación, las condiciones de las adjudicaciones, los posibles conflictos de interés y las conclusiones de las investigaciones oficiales.
La información disponible tampoco detalla el desglose de los más de 2 mil millones de pesos por empresa, organismo electoral o tipo de contrato, ni incluye la postura de los hermanos Hernández Casillas frente a los señalamientos.
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