El legislador que perfila presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anticipó una ofensiva parlamentaria a partir de enero, centrada en los negocios de la familia presidencial, posibles conflictos de intereses y decisiones de la Administración.
La nueva correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos abre un frente de presión para Donald Trump. Tras el avance demócrata en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, legisladores de ese partido preparan una serie de investigaciones sobre las actividades del presidente, sus familiares y algunos de sus colaboradores más cercanos.
La advertencia que marcó el tono de esa ofensiva llegó de Robert García, congresista demócrata de California y quien se perfila para encabezar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La noche electoral publicó un mensaje dirigido a los republicanos: «CONTRATEN ABOGADOS».
La frase no constituye por sí misma una acusación ni anticipa el resultado de una investigación. Sin embargo, deja ver la intención de los demócratas de utilizar las facultades de supervisión del Congreso para revisar asuntos que consideran posibles casos de abuso de poder, corrupción y conflictos entre intereses públicos y privados.
El poder del Congreso abre la puerta a nuevas investigaciones
Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas tendrán capacidad para dirigir los comités legislativos, disponer de mayores recursos para sus investigaciones y solicitar comparecencias y documentos. El cambio de mayoría está previsto para enero.
García ha señalado que la dimensión de las posibles irregularidades exige la participación de distintos integrantes de su bancada. En declaraciones citadas por The Washington Post, sostuvo que los legisladores deberán movilizarse para investigar lo que considera posibles actos de corrupción y fraude.
Uno de los asuntos bajo revisión será el crecimiento de los negocios de la familia Trump durante el segundo mandato presidencial. García difundió un recuento de las ganancias atribuidas al entorno del mandatario y cuestionó el incremento de su patrimonio, particularmente por las inversiones relacionadas con criptomonedas.
El congresista también ha puesto atención en los negocios de Jared Kushner, yerno de Trump, quien combina su participación en asuntos de política exterior con la dirección de una firma de capital privado que mantiene operaciones con gobiernos extranjeros.
La investigación que plantean los demócratas buscaría determinar si esa doble relación ha generado conflictos de intereses o permitido que actores externos tengan influencia en decisiones del Gobierno estadounidense.
Criptomonedas y finanzas privadas bajo la lupa
Las inversiones de la familia presidencial en el sector de los activos digitales también forman parte de los temas que los legisladores quieren examinar. El interés está en establecer si las operaciones comerciales vinculadas a ese mercado pudieron representar beneficios privados relacionados con el ejercicio del poder público.
En el Senado, Ron Wyden, quien aspira a presidir el Comité de Finanzas, pretende dar prioridad a las investigaciones sobre corrupción, acceso a servicios financieros y la influencia de intereses privados en las decisiones económicas.
Entre las preocupaciones señaladas por integrantes demócratas se encuentran las estructuras de capital privado y sus posibles efectos sobre sectores como vivienda, atención médica y otros servicios esenciales.
También se ha mencionado el tratamiento fiscal favorable a centros de datos vinculados con el crecimiento de la inteligencia artificial, un negocio que concentra inversiones y recursos públicos y privados.
Gastos de la Administración y proyectos en Washington
Otro frente será el uso de recursos públicos en proyectos impulsados durante la Administración Trump. Los demócratas prevén cuestionar obras y gastos que consideran excesivos, especialmente en un escenario marcado por el encarecimiento de la gasolina y las presiones inflacionarias sobre los hogares estadounidenses.
Entre los proyectos mencionados se encuentran un estanque reflectante en el Monumento a Lincoln, la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y una propuesta para levantar un Arco del Triunfo de aproximadamente 76 metros de altura, cuyo costo se estima en varios cientos de millones de dólares.
La discusión no se limitaría al monto de las obras. Los legisladores buscarían revisar los criterios de autorización, el origen de los recursos y las prioridades presupuestarias de la Administración.
Indultos presidenciales y documentos del caso Epstein
Los indultos concedidos por Trump también figuran entre los asuntos que podrían ser objeto de investigaciones. Los demócratas quieren revisar si personas con recursos económicos o vínculos políticos obtuvieron beneficios judiciales mediante pagos o gestiones realizadas ante el entorno presidencial.
Entre los señalamientos difundidos en la prensa figura un reporte de The New York Times sobre Alina Habba Mildon, exabogada de Trump, a quien se atribuye haber recibido 50 millones de dólares para ayudar a gestionar el indulto de un integrante de una familia venezolana adinerada, además de otras tareas. El señalamiento requiere ser examinado con documentación y respuestas de las personas involucradas.
También se pretende revisar el indulto otorgado a Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, quien se declaró culpable de delitos relacionados con lavado de dinero.
Otro tema sensible será la documentación vinculada con Jeffrey Epstein. Los demócratas buscan determinar si el Departamento de Justicia incumplió la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein al ocultar o censurar información que debía hacerse pública.
El senador Chuck Schumer, quien podría convertirse en líder de la mayoría demócrata, ya había impulsado un grupo de trabajo para revisar los documentos relacionados con el financiero que murió en prisión y la información que permanece bajo resguardo de las autoridades.
Pete Hegseth y Elon Musk también aparecen en la agenda
La estrategia demócrata no necesariamente estará concentrada en un nuevo proceso de destitución contra Trump. Aunque algunos legisladores no descartan esa posibilidad, reconocen que un juicio político tendría obstáculos importantes, entre ellos la necesidad de alcanzar una mayoría de dos tercios en el Senado para conseguir una condena.
Por ello, otra ruta sería dirigir la presión hacia integrantes del gabinete y aliados del presidente.
Uno de los principales señalados es Pete Hegseth, secretario de Defensa. El líder demócrata Hakeem Jeffries ha planteado abiertamente la posibilidad de buscar su salida del cargo.
Hegseth podría enfrentar cuestionamientos por distintos asuntos, entre ellos los ataques contra objetivos en Irán, la filtración de información clasificada y las operaciones militares contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico en Sudamérica. También se han mencionado dudas sobre presunta discriminación en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.
Elon Musk aparece en otra línea de posibles investigaciones. De acuerdo con los temas que, según reportes de Politico, analizan los demócratas, el escrutinio podría abarcar la operación de la red satelital Starshield en Ucrania, los recortes realizados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y posibles conflictos de intereses relacionados con contratos públicos de SpaceX y Tesla.
La Casa Blanca prepara su defensa
La Administración Trump no espera pasivamente el cambio de mayoría. Según funcionarios citados por Reuters, abogados de la Casa Blanca ya orientaron a responsables de agencias federales sobre cómo responder a solicitudes de documentos y citaciones del Congreso.
Además, se prevé que el Gobierno recurra a tácticas de demora similares a las utilizadas durante el primer mandato de Trump, cuando las disputas sobre la entrega de información y las comparecencias prolongaron distintas investigaciones legislativas.
La mayoría demócrata tendrá herramientas para exigir testimonios y documentos, pero eso no significa que pueda ordenar directamente procesos penales. El Departamento de Justicia continuará bajo el control de la Administración presidencial, una circunstancia que limita el alcance inmediato de las investigaciones parlamentarias en materia judicial.
Trump, por su parte, ha expresado su disposición a conceder indultos a sus aliados. También ha sugerido que podría intervenir para proteger a Musk, quien aportó importantes recursos económicos a candidatos republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.
La prueba será convertir las advertencias en resultados
El desafío para los demócratas será demostrar que las investigaciones se sustentan en documentos, testimonios y posibles infracciones, y no únicamente en el enfrentamiento político con el presidente.
La nueva mayoría puede abrir audiencias, requerir información y someter a escrutinio decisiones de la Administración. Pero cada señalamiento tendrá que sostenerse con pruebas y respetar los procedimientos correspondientes.
Al mismo tiempo, los legisladores deberán evitar que la confrontación con Trump desplace las preocupaciones económicas que pesaron sobre los votantes, como el costo de la vida, la gasolina y los servicios básicos.
La frase de Robert García resume el tono con el que comienza esta nueva etapa de disputa política en Washington. Lo que todavía está por demostrarse es si las investigaciones anunciadas conseguirán establecer responsabilidades concretas.
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