Siete distritos judiciales se incorporaron a la tercera fase de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con este paso, concluye la primera etapa del proceso de transformación en los tribunales quintanarroenses.
La justicia civil y familiar de Quintana Roo entró en una nueva fase de reorganización territorial. Desde este lunes, los juzgados de siete distritos comenzaron a operar bajo el modelo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que la implementación inicial alcanza la totalidad del estado.
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Kantunilkín e Isla Mujeres se sumaron al esquema que ya funcionaba en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. La ampliación representa el cierre de la primera de las cuatro etapas contempladas para introducir el nuevo sistema.
El cambio no consiste únicamente en incorporar más sedes. También implica adaptar la estructura de los juzgados, distribuir personal y recursos tecnológicos, así como modificar competencias para responder a las necesidades de cada región.
Los juzgados tendrán nuevas atribuciones
Uno de los ajustes más relevantes se realizó en Tulum, donde el órgano jurisdiccional se transformó en Juzgado Mixto. Esta modalidad permitirá atender asuntos de otras materias, además de los civiles y familiares, de acuerdo con las necesidades de la región.
En Bacalar también se amplió la competencia judicial, pues la sede incorporará la atención de asuntos mercantiles junto con las materias civil y familiar.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas, explicó que la incorporación de los siete distritos se preparó tomando en cuenta las condiciones particulares de cada sede. Para ello, se aprovecharon estructuras existentes y se adecuaron los recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Esta reorganización busca evitar que la aplicación del nuevo código dependa de crear desde cero instalaciones y estructuras judiciales en cada municipio. Sin embargo, su funcionamiento dependerá de que las adecuaciones se traduzcan en capacidad efectiva para atender los asuntos que lleguen a los tribunales.
La oralidad será una pieza central del cambio
Quintana Roo parte de una experiencia de 15 años en la implementación de procesos judiciales orales, trayectoria que, según Cebada Rivas, representa una ventaja para avanzar hacia el modelo nacional.
El nuevo esquema privilegia las audiencias orales, el contacto directo entre las personas juzgadoras y quienes intervienen en los procedimientos, además de una mayor transparencia durante el desarrollo de los procesos.
La apuesta es que los asuntos civiles y familiares puedan tramitarse mediante procedimientos más accesibles y con una participación más directa de las partes ante los juzgadores.
No obstante, la incorporación formal del código no garantiza por sí sola una justicia más rápida. Para medir sus resultados será necesario observar los tiempos de resolución, la carga de trabajo de los juzgados, la disponibilidad de personal y las condiciones de acceso para quienes viven lejos de las sedes judiciales.
Concluye la primera de cuatro etapas
La implementación comenzó el 1 de junio en Chetumal y Cancún. Posteriormente, el 7 de septiembre se incorporó Playa del Carmen y, con la ampliación anunciada este lunes, el modelo llegó a los siete distritos restantes.
El cierre de esta primera etapa marca un avance territorial, pero no significa que el proceso de transformación haya terminado. El calendario contempla otras tres etapas para consolidar la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El reto para el Poder Judicial será convertir esta reorganización institucional en resultados concretos para la ciudadanía: procedimientos comprensibles, audiencias transparentes y resoluciones oportunas, independientemente del municipio donde se presente un asunto.
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