El próximo 15 de abril, el Comité de las Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios emitirá una serie de recomendaciones a México, tras evaluar las acciones del gobierno federal ante la desaparición sistemática de migrantes. Esta evaluación se llevó a cabo los pasados 7 y 8 de abril en Ginebra.
Organizaciones civiles mexicanas que participaron en el proceso de revisión criticaron la falta de respuestas concretas por parte del Estado mexicano. “Esperamos que el país ponga especial énfasis en el cumplimiento y adopción de medidas para atender las problemáticas señaladas”, indicaron en un pronunciamiento conjunto.
Sin respuestas claras del Estado
El Comité de la ONU solicitó información detallada sobre las medidas tomadas para investigar violaciones a derechos humanos contra personas en movilidad. También cuestionó al gobierno mexicano por el rezago en la instalación de la Mesa de Búsqueda de Migrantes, prometida desde hace tres años.
Pese a ello, las autoridades mexicanas no ofrecieron respuestas precisas. Sólo reconocieron rezagos en el diseño de políticas públicas y admitieron la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Este instrumento busca facilitar que las familias migrantes accedan a mecanismos de justicia internacional.
Las organizaciones civiles subrayaron que el gobierno tampoco presentó resultados concretos en casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas (2010), las fosas de San Fernando (2011) o el caso de Cadereyta (2012). Aunque se iniciaron investigaciones, el Estado evitó dar cifras sobre judicializaciones o sentencias.
Entre 2019 y 2025, se dictaron 53 sentencias por delitos contra migrantes; 10 fueron absolutorias. De 2018 a 2023, se emitieron apenas 15 condenas por desapariciones forzadas, sin precisar si las víctimas eran personas migrantes.
Militarización, impunidad y omisiones
El Comité expresó especial preocupación por la creciente militarización del control migratorio en México. En varias ocasiones, las Fuerzas Armadas han sido vinculadas a abusos graves, incluyendo asesinatos de migrantes.
Los expertos de la ONU también señalaron que el gobierno mexicano ha fallado en implementar medidas para evitar la repetición de violaciones graves, como extorsiones, secuestros y trata. Estos delitos continúan afectando a migrantes que transitan por territorio mexicano.
Entre los casos que motivaron cuestionamientos destacan el asesinato de 17 migrantes en Camargo (2021), la muerte de Cristobal Cobreiro a manos de la Guardia Nacional en Chiapas, el feminicidio de Victoria Salazar en Quintana Roo y el incendio en la estanci migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas en 2023.
Organizaciones como la Fundación para la Justicia, el Instituto de Mujeres en la Migración y el Centro Fray Matías de Córdoba presentaron informes sombra ante la ONU para denunciar las fallas del Estado mexicano. Según dichas agrupaciones, la falta de justicia y la impunidad siguen siendo la norma en los crímenes contra migrantes.
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