El Comité contra la Desaparición Forzada defendió el procedimiento activado ante Naciones Unidas como una vía preventiva para impulsar la cooperación internacional en búsqueda de personas e identificación humana
“Déjense ayudar”. Con ese mensaje, Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamó a México a aceptar una mayor cooperación internacional para enfrentar la crisis de desapariciones, al insistir en que el mecanismo activado por el organismo no busca sancionar al Estado mexicano, sino contribuir a encontrar soluciones.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas pretende movilizar apoyo internacional para fortalecer la búsqueda de personas, las investigaciones, la identificación de cuerpos y la protección de quienes participan en estas labores.
El llamado ocurre mientras el Comité sostiene que la magnitud y continuidad de las desapariciones en México requieren medidas adicionales. De acuerdo con las cifras que expuso su presidente, el registro nacional pasó de 96 mil personas desaparecidas y no localizadas, durante la visita del organismo al país en noviembre de 2021, a más de 134 mil cuando se decidió activar el procedimiento en abril de 2025.
La ONU aclara que el mecanismo no es una sanción contra México
Albán subrayó que la activación del artículo 34 no constituye una determinación de responsabilidad internacional ni busca que la Asamblea General de la ONU reproche o imponga medidas al gobierno mexicano.
Explicó que la decisión se tomó después de un proceso de revisión que incluyó información proporcionada por el Estado mexicano, organizaciones civiles y colectivos de víctimas, además del seguimiento realizado por el Comité durante varios años.
El organismo concluyó que existían elementos para considerar que en distintas zonas del territorio mexicano se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad relacionados con las desapariciones. Sin embargo, Albán precisó que el Comité no encontró elementos para afirmar que exista una política del gobierno federal dirigida a cometer estos crímenes.
También señaló que, aunque el principal perpetrador de las desapariciones identificado en el análisis es el crimen organizado, existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios públicos municipales y estatales.
Más de 120 mil personas seguirían pendientes de localizar
La dimensión de la crisis fue uno de los argumentos centrales del presidente del Comité para defender la necesidad de cooperación internacional.
Según los datos que presentó, cuando el organismo visitó México había alrededor de 52 mil cuerpos pendientes de identificación en los servicios forenses del país. Para el momento en que se activó el procedimiento, esa cifra había aumentado a 72 mil.
Albán también se refirió al anuncio del Estado mexicano de que durante el último año fueron localizadas 16 mil personas. Consideró positivo ese resultado, pero pidió que se presente evidencia que permita conocer quiénes fueron localizados y confirmar si sus familias ya recibieron información sobre su situación y paradero.
Con base en las cifras expuestas durante la entrevista, señaló que todavía quedarían más de 120 mil personas por localizar. La cifra debe entenderse dentro del contexto de los registros citados por el Comité y no como una confirmación de que todas las personas continúen desaparecidas sin cambios en su situación.
El funcionario también alertó sobre los riesgos que enfrentan familiares, colectivos y personas que participan en las búsquedas, quienes han denunciado hostigamientos, intimidaciones y ataques, además de las altas tasas de impunidad en los casos de desaparición.
El Comité señala que México necesita apoyo en búsqueda e identificación
La propuesta presentada ante la comunidad internacional contempla cooperación técnica y recursos para reforzar distintas áreas, entre ellas la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, la identificación humana y la protección de quienes realizan labores de búsqueda.
Albán reconoció que México cuenta con instrumentos legales e instituciones especializadas, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas. No obstante, consideró que las medidas existentes no han sido suficientes para detener la crisis.
El presidente del Comité afirmó que la activación del procedimiento también pudo influir en las medidas anunciadas por el Estado mexicano durante el último año, aunque aclaró que no sería el único factor.
La Asamblea General de la ONU deberá analizar el caso
El procedimiento se encuentra ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de asuntos relacionados con derechos humanos. Esta instancia deberá analizar qué pasos corresponden, entre ellos la posibilidad de emitir una resolución, convocar a un diálogo, solicitar información adicional o remitir el asunto a otro órgano de la ONU.
Albán explicó que diversos países manifestaron disposición a cooperar en materia de asistencia técnica y búsqueda de personas, por lo que el Comité mantiene la expectativa de que puedan facilitar el diálogo y la colaboración con México.
El organismo continuará dando seguimiento a la situación y solicitando información al Estado mexicano conforme a las obligaciones establecidas en la Convención.
Para Albán, el centro de la discusión no debe ser un enfrentamiento entre México y Naciones Unidas, sino la necesidad de dar respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos. La cooperación internacional, sostuvo, debe servir para fortalecer las acciones y reducir la continuidad de las desapariciones.
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