En una acción bilateral amparada por tratados internacionales de justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos extraditó el pasado viernes 11 de abril a 13 ciudadanos mexicanos que se encontraban cumpliendo condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas. Los reclusos fueron entregados a las autoridades penitenciarias de México para que continúen sus sentencias en cárceles mexicanas.
De acuerdo con el comunicado oficial, el traslado fue gestionado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, bajo el Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, en coordinación con el gobierno mexicano.
“El traslado ha ahorrado a Estados Unidos más de 3 millones de dólares, al eliminar los costos de encarcelamiento de los 75 años combinados de sentencia que aún restaban para estos prisioneros”, explicó Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
¿Rehabilitación o ahorro?
Aunque el objetivo declarado del programa es mejorar la rehabilitación de los infractores, la transferencia ha levantado preguntas sobre las motivaciones reales de estas decisiones, particularmente luego de que se revelara que los 13 reclusos solicitaron voluntariamente su repatriación y ambas naciones aprobaron el proceso.
El traslado se realizó conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Ejecución de las Sentencias Penales, firmado en 1976 y vigente desde 1977. Desde entonces, se han efectuado 184 traslados de este tipo, siendo el anterior en diciembre de 2024, cuando nueve reos fueron repatriados a México.
La contraparte: México extraditó a 29 narcotraficantes en febrero
Esta extradición ocurre apenas mes y medio después de que el gobierno mexicano entregara a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto nivel, según explicó en su momento el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.
García Harfuch justificó aquella medida en razones de seguridad nacional, señalando que algunos de los criminales estaban a punto de ser liberados o se encontraban protegidos por vínculos con jueces que dilataban sus procesos judiciales en México.
¿Es más laxa la justicia mexicana?
El reciente traslado de los 13 narcotraficantes a México —a petición de los propios reclusos— ha despertado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema penitenciario mexicano y su capacidad para mantener a estos individuos bajo una condena firme.
Si bien ambas partes recalcan que se trata de una práctica legal regulada por tratados, algunos analistas plantean preocupaciones respecto a si las prisiones mexicanas ofrecen condiciones más flexibles, o si la extradición desde Estados Unidos fue motivada principalmente por criterios económicos, como el ahorro en manutención de reclusos extranjeros.
Un tratado con casi medio siglo de vigencia
El Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros fue autorizado por el Congreso de EE.UU. en octubre de 1977, poco después de firmarse el tratado bilateral con México. Desde entonces, Estados Unidos ha suscrito convenios similares con más de 85 países, permitiendo que los reclusos puedan cumplir sus condenas en sus países de origen, bajo supervisión y aprobación de ambas partes.
La Unidad Internacional de Transferencia de Prisioneros (IPTU), encargada del programa, supervisa cada caso individualmente para asegurar que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y los acuerdos internacionales.
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