El Gobierno de Ecuador declaró este viernes un estado de “alerta máxima” tras advertencias de inteligencia militar sobre una supuesta amenaza de magnicidio contra el presidente Daniel Noboa, apenas una semana después de su polémica reelección.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, la administración de Noboa denunció la presunta gestación de un atentado, así como posibles ataques terroristas y llamados a movilizaciones violentas por parte de sectores opositores.
“Estas acciones no solo buscan desestabilizar al Gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de derecho”, advirtió el Ministerio en su pronunciamiento. “Es deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores públicos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror”.
Una amenaza con eco internacional
La alerta se produjo luego de que medios nacionales difundieran un documento presuntamente firmado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con fecha del 17 de abril, en el que se señala que “tras los resultados electorales del 13 de abril de 2025, se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador con la finalidad de atentar contra el presidente, su gabinete y su equipo de trabajo”.
La veracidad del documento fue confirmada por el propio ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien reiteró que se han activado protocolos de seguridad reforzada y que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia trabajan de manera coordinada para neutralizar cualquier amenaza.
Un mensaje de fuerza y confrontación
Titulado “La venganza de los malos perdedores”, el comunicado acusa directamente a sectores políticos —sin nombrarlos— de conspirar contra la estabilidad del país tras la derrota en las urnas. En una clara alusión a la oposición correísta, el Gobierno vincula la supuesta amenaza de atentado con actores “derrotados” que buscan “calentar las calles” y “esparcir el terror”.
“Con la fe de Dios y la fuerza del Estado, vamos a poner de rodillas a cada criminal”, concluye el mensaje del Ministerio de Gobierno.
Contexto: una reelección bajo cuestionamientos
El pronunciamiento del Gobierno llega en un contexto político tenso. La reelección de Daniel Noboa ha sido duramente criticada por su contrincante Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, quien ha denunciado irregularidades en el proceso electoral. Aunque los resultados fueron validados por el Consejo Nacional Electoral, el ambiente poselectoral se ha caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza.
La referencia a “perdedores en las urnas” refuerza la postura oficial de atribuir la supuesta conspiración no solo al crimen organizado, sino también a sectores políticos disidentes, lo que ha encendido alarmas sobre la posible instrumentalización política de la seguridad nacional.
México, nuevamente en el centro de la controversia
La mención directa al traslado de sicarios desde México ocurre en medio de una profunda crisis diplomática entre ambos países, derivada del asalto a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo por parte del gobierno mexicano. El hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas, que aún no se han restablecido.
La reciente insinuación sobre la participación de sicarios mexicanos ha provocado la reacción inmediata del Gobierno de México, que en un comunicado rechazó “la creación de narrativas que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos”, calificando las acusaciones de “inescrupulosas”.
Mientras tanto, Ecuador se mantiene en vilo. Aunque hasta ahora no se han presentado evidencias públicas sobre la inminencia de un atentado, el discurso del Gobierno apunta a una estrategia de endurecimiento frente a las críticas y la oposición.
Los analistas advierten que este tipo de mensajes pueden tener un doble filo: por un lado, consolidar apoyo institucional frente a amenazas reales; por otro, criminalizar la disidencia política bajo el argumento de seguridad nacional.
Lo cierto es que, en el Ecuador de 2025, la política, el crimen organizado y la tensión regional parecen entrelazarse cada vez más, dejando a la ciudadanía atrapada entre el miedo, la desinformación y una creciente sensación de vulnerabilidad democrática.
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