La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este martes 22 de abril enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar formalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). A cambio, plantea crear una nueva entidad: la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico.
Aunque públicamente se ha dicho que las funciones de estos órganos ya concluyeron, la presidenta admitió que, en los hechos, el IFT y la Cofece siguen operando. “Se podría decir que aún están en funciones”, reconoció Sheinbaum, al ser cuestionada sobre un informe reciente elaborado por Cofece, publicado el 18 de abril, donde se reporta la atención de 120 asuntos.
La mandataria aseguró que la nueva agencia no solo absorberá las tareas de regulación de competencia y telecomunicaciones, sino que reducirá costos y evitará la “burocracia excesiva” que, según su argumento, afectaba a los organismos anteriores.
Un plan que busca apurar tiempos
Sheinbaum adelantó que solicitará un periodo extraordinario de sesiones para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado discutan y aprueben no solo esta reforma, sino también los cambios legales derivados de su ambiciosa propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación.
La urgencia no es menor. “Que pasen por la Cámara de Diputados y Senadores en abril para que ya pueda disolverse la Cofece y ya entre en funciones el nuevo organismo”, subrayó Sheinbaum, quien insiste en que algunos integrantes de la nueva agencia sean electos directamente por el Senado.
Apenas hace una semana, la presidenta había adelantado los detalles básicos de esta iniciativa. Su justificación principal es que el nuevo organismo será más simple, menos oneroso y, en teoría, más eficiente que el IFT y la Cofece.
¿Qué pasará realmente?
Más allá del discurso de austeridad, la desaparición del IFT y la Cofece implica la eliminación de dos entes autónomos que, en papel, debían regular sectores clave sin intervención política. La concentración de funciones en una sola agencia plantea dudas legítimas sobre su independencia real y la calidad de su supervisión futura.
Además, el propio hecho de que Cofece siga generando reportes oficiales, como el publicado el 18 de abril, muestra que la disolución de estos organismos aún no es un hecho jurídico consumado, pese a las afirmaciones del Ejecutivo.
En resumen: lo que Sheinbaum propone no es una simple «reforma administrativa», sino una reestructuración profunda del control sobre la competencia económica y los servicios de telecomunicaciones en el país. Un movimiento que, inevitablemente, despierta suspicacias.
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