Proponen en el Senado garantizar constitucionalmente el derecho al seguro contra el desempleo

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República propuso una reforma a la Constitución para reconocer como derecho social la protección y el seguro contra el desempleo, con el objetivo de brindar respaldo institucional a las personas que pierden su fuente de ingresos.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno por el senador Agustín Dorantes, representante de Querétaro, quien argumentó la necesidad urgente de establecer este derecho de manera permanente y no como un beneficio condicionado por decisiones políticas.

Reforma al artículo 4º constitucional

La propuesta consiste en adicionar un párrafo al artículo 4º de la Constitución, con el siguiente texto:

De acuerdo con el legislador, el propósito es que el seguro de desempleo se convierta en un derecho constitucional, con garantías de acceso en todo el territorio nacional, y no quede sujeto a la voluntad de gobiernos locales o programas de corto plazo.

Un respaldo frente a la crisis

Dorantes justificó la propuesta con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reportó la pérdida de más de 400,000 empleos formales en diciembre pasado.

El senador puso como ejemplo programas estatales ya existentes en entidades como Querétaro y Ciudad de México, donde las personas desempleadas pueden acceder a apoyos temporales mientras se reincorporan al mercado laboral. En el caso queretano, dicho apoyo puede alcanzar los 10,500 pesos.

Más que un cheque: capacitación y reinserción

La propuesta del PAN no se limita a transferencias económicas, sino que busca integrar programas de capacitación y acompañamiento para la reinserción laboral, fomentando una recuperación digna y sostenible.

Al tratarse de una modificación a la Carta Magna, la iniciativa necesita una mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión correspondiente, así como su eventual aprobación en la Cámara de Diputados y al menos la mitad más uno de los congresos estatales.

La discusión se prevé en próximas sesiones, y abrirá el debate sobre el papel del Estado en la garantía de derechos económicos fundamentales para las y los trabajadores del país.

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