La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confirmó que el Senado de la República será la última instancia encargada de revisar los antecedentes penales de los candidatos que participen en el nuevo proceso de elección judicial, como lo establece la reciente reforma electoral.
Durante una conferencia celebrada el martes 22 de abril, Taddei explicó que el INE aún debe aprobar un acuerdo para detectar y verificar los perfiles de los aspirantes que pudieran tener sentencias penales, conforme a las obligaciones legales que impone la reforma.
“La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la propiedad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, puntualizó la presidenta del INE.
Una vez concluida la jornada electoral y con los resultados definidos, el INE deberá informar a la Cámara de Senadores y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre cualquier incumplimiento de los requisitos de elegibilidad detectado.
“No es lo que cada uno prefiriera, entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma que le toca al Senado de la República, ser receptor de alguna situación que se presentara una vez concluida la jornada y que tengamos los resultados”, añadió Taddei.
El Senado como garante de la probidad
Las declaraciones de Taddei responden al respaldo expresado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien instó al INE a realizar una revisión exhaustiva de los perfiles, y cuestionó duramente la participación de ciertos candidatos.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, expresó Noroña al reanudar sus actividades en la Cámara Alta.
El legislador de Morena también advirtió sobre la posible presencia de jueces con antecedentes de liberar sistemáticamente a miembros del crimen organizado, lo que consideró incompatible con el requisito de “buena reputación” establecido por la Constitución para quienes aspiren a cargos judiciales.
“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado, o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática, puedan pasar. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones”, sentenció.
¿Qué establece la reforma?
La reforma a la Ley Electoral y Judicial recientemente aprobada establece que el INE tiene la responsabilidad de organizar la elección judicial, pero la validación final de los perfiles queda en manos del Senado, como garante de la constitucionalidad del proceso.
De acuerdo con el marco legal vigente, los aspirantes a integrar el Poder Judicial deberán cumplir con requisitos de elegibilidad que incluyen probidad, buena reputación, ausencia de antecedentes penales y trayectoria profesional destacada.
La elección judicial —novedosa en su formato y alcance— ha generado un fuerte debate público sobre la idoneidad de algunos perfiles propuestos, lo que ha motivado a las autoridades a establecer mecanismos más rigurosos de revisión, en un intento por garantizar la confianza en las nuevas designaciones.
Con esta declaración, el INE ratifica que, aunque puede identificar irregularidades, la decisión final sobre la elegibilidad de los aspirantes recaerá en el Senado de la República, lo que convierte al Poder Legislativo en el árbitro definitivo en uno de los procesos más relevantes para el futuro del sistema de justicia en México.
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