En un hecho inédito por su respaldo transversal, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 476 votos a favor, las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que endurecen significativamente las sanciones por el tráfico e introducción ilícita de armas al país y reconocen el derecho a la legítima defensa en el ámbito doméstico.
La iniciativa, que fue presentada originalmente durante el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y modificada en diversos puntos, fue avalada por todos los partidos políticos y ahora ha sido turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación definitiva.
Hasta 30 años de cárcel por tráfico ilegal de armas
Entre las medidas más destacadas de la reforma, se establece una pena de 7 a 30 años de prisión y una multa de hasta 2,000 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) a quienes introduzcan de manera ilícita armas al territorio nacional, incluyendo armas automáticas, aditamentos para modificar armamento y cargadores exclusivos del Ejército.
Además, se aplicarán penas de 7 a 15 años de prisión y multas similares a quienes dispongan indebidamente de armamento perteneciente a cuerpos policiales o de procuración de justicia en todos los niveles de gobierno.
En un contexto marcado por el incremento de violencia asociada al crimen organizado, las reformas también facilitan los permisos para poseer un arma en el hogar con fines de defensa personal y de bienes, fortaleciendo el derecho a la legítima defensa dentro del ámbito doméstico.
Asimismo, se reconoce el derecho legítimo de comunidades ejidales y comunales a poseer armas de manera responsable, siempre que se respeten los calibres autorizados por la ley.
Portación de armas en áreas estratégicas del Estado
La nueva legislación también autoriza la portación de armas de fuego a los elementos encargados de la seguridad en instalaciones estratégicas del Estado, como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México (Banxico), la Casa de Moneda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, se prohíbe expresamente que militares retirados utilicen sus armas personales para ofrecer servicios de seguridad privada, cerrando un resquicio que, según expertos, había generado situaciones de riesgo y uso indebido del armamento militar.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de fortalecer el control sobre la posesión de armas, al mismo tiempo que se impulsarán campañas nacionales de educación y sensibilización sobre el uso responsable y legal del armamento, buscando evitar tragedias domésticas y limitar el uso de armas en contextos indebidos.
Un paso firme frente al crimen organizado
La aprobación de estas reformas representa un avance en la lucha contra el tráfico de armas y la delincuencia organizada en México, una de las principales causas de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, gran parte del armamento utilizado por los grupos criminales ingresa ilegalmente desde el extranjero, particularmente desde Estados Unidos.
Con estas nuevas disposiciones, el Congreso busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para frenar esta práctica, mientras se garantiza el derecho de los ciudadanos a protegerse dentro de su propio hogar.
La reforma ahora espera su discusión en el Senado de la República, donde también se anticipa un respaldo mayoritario ante la urgencia de frenar la escalada de violencia en todo el país.
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