La activista y defensora de los derechos indígenas triquis, Emelia Ortiz García, denunció públicamente la persecución, hostigamiento y riesgo constante a su vida, así como la falta de avances en la investigación del feminicidio de sus hermanas Virginia y Adriana Ortiz García, ocurrido en noviembre del año pasado.
A través de una carta enviada el 24 de abril a organismos no gubernamentales de derechos humanos, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Ortiz García expresó su preocupación por las amenazas que enfrenta y la impunidad que persiste en el caso de sus familiares asesinadas.
“Todavía cargo el sufrimiento en mi corazón y aparte me andan persiguiendo personas desconocidas que constantemente llegan a los lugares donde trabajo y duermo. Para mi fortuna no me han encontrado, pero mi vida está en constante riesgo de muerte”, denunció la activista, quien es dirigente del Movimiento de Unión y Lucha Triqui (MULT).
Hostigamiento constante y allanamiento
La defensora indígena relató que en dos ocasiones recientes personas desconocidas irrumpieron en su propiedad. El pasado 22 de abril, constató que su hogar había sido allanado: fueron robados documentos personales y pertenencias.
Además, denunció actos de intimidación como la ruptura de chapas, vidrios de ventanas y el robo específico de documentos relacionados con las denuncias por asesinatos de otros compañeros del movimiento triqui, tanto en formato físico como digital.
Pese a contar con medidas cautelares, Emelia Ortiz exige que las autoridades estatales cumplan de manera efectiva con su implementación para garantizar su seguridad.
Un dolor de larga data
Emelia Ortiz García ha acompañado al pueblo triqui en la defensa de sus derechos culturales por más de 25 años, impulsando el rescate de la indumentaria tradicional y la protección de sus territorios.
Al igual que ella, sus hermanas Virginia y Adriana Ortiz García también eran reconocidas defensoras de derechos humanos indígenas. Ambas fueron asesinadas el año pasado tras descender de un taxi, siendo atacadas a balazos por dos hombres a bordo de una motocicleta.
Tras el doble feminicidio, diversas autoridades —incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía de Oaxaca, el Gobernador del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— realizaron pronunciamientos públicos condenando los hechos y señalando la necesidad de atender las causas estructurales de la violencia en la región triqui.
Sin embargo, a cinco meses del crimen, las investigaciones no han mostrado avances significativos, lo que ha generado frustración y desconfianza entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Solidaridad de organizaciones civiles
Tras la nueva denuncia de persecución, organizaciones como la Red Defensoras de Derechos Humanos de México, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca y Consorcio Oaxaca condenaron el hostigamiento contra Emelia Ortiz y exigieron a las autoridades federales y estatales garantizar su protección inmediata y avanzar en la justicia para su familia.
La situación de Emelia Ortiz evidencia una problemática persistente en México: el alto nivel de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres indígenas, en contextos de violencia estructural y omisión institucional.
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