El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, el pasado 6 de octubre de 2024, marcó un punto de inflexión en la estrategia de mediación de la Iglesia Católica en Guerrero, obligando a suspender los diálogos directos con líderes del crimen organizado en la región, informó el sacerdote y defensor de derechos humanos José Filiberto Velázquez Florencio.
De acuerdo con el también director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, esta decisión se tomó por motivos de seguridad para el clero y por la creciente desconfianza tras el atentado contra el edil perredista.
Fin de una etapa de diálogo
Velázquez Florencio detalló que el último encuentro entre representantes de la Iglesia y líderes criminales tuvo lugar a inicios de 2024 en la región Centro de Guerrero, cuando se alcanzó una tregua temporal que incluyó a municipios clave como Chilpancingo.
Este proceso de pacificación, respaldado públicamente por los obispos durante el Miércoles de Ceniza, representó un intento de frenar la escalada de violencia entre grupos delictivos que disputan el control territorial. Sin embargo, la ruptura del pacto tras el asesinato del alcalde debilitó la estrategia.
Desde entonces, la Iglesia ha optado por limitar su intervención a pronunciamientos públicos y llamados al diálogo, sin mantener contacto directo con los actores criminales.
El obispo José de Jesús González Hernández, en vísperas de la Semana Santa de este año, reiteró el compromiso de la Iglesia con su misión pastoral, centrada en la reconstrucción del tejido social y la promoción del diálogo como vía para la paz. No obstante, reconoció que los acuerdos con criminales suelen ser frágiles y de corta duración, debido a la falta de garantías institucionales y a las constantes pugnas entre grupos armados.
Velázquez Florencio destacó que, aunque los esfuerzos eclesiásticos han logrado reducir temporalmente la violencia en zonas como Tierra Caliente y la Sierra, los avances han sido limitados por el complejo contexto en el que operan tanto las autoridades como el crimen organizado.
Respaldo con límites desde el gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su respaldo a las iniciativas de la Iglesia, siempre y cuando no impliquen otorgar impunidad a quienes cometen delitos.
“La pacificación del país debe estar liderada por el Estado mexicano, con el respaldo de instituciones como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas”, ha reiterado Sheinbaum en conferencias recientes, dejando claro que los esfuerzos sociales y religiosos son valiosos, pero no pueden reemplazar el papel del gobierno.
Una misión en riesgo, pero vigente
Pese al riesgo, la Iglesia Católica mantiene su compromiso con la mediación y la promoción de la paz en Guerrero, uno de los estados más golpeados por la violencia criminal en el país. A través de acciones comunitarias, mensajes desde el púlpito y acompañamiento a víctimas, el clero busca sostener su papel en la reconstrucción del tejido social.
La suspensión del diálogo directo marca una nueva etapa en la labor pastoral de la Iglesia en Guerrero, donde la violencia, la impunidad y la falta de protección estatal siguen siendo los principales obstáculos para alcanzar una paz duradera.
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