Estados Unidos publicó el 5 de mayo de 2026 su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que coloca a México en el centro de su política antidrogas y exige resultados concretos, principalmente detenciones y extradiciones de alto perfil. Este plan coincide con las acusaciones formales del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México envió una nota diplomática a Washington exigiendo las pruebas de dichas acusaciones.
Nueva estrategia antidrogas de Trump
La administración de Donald Trump presentó el lunes su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. El documento clasifica a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y condiciona la cooperación bilateral a “resultados tangibles”: más extradiciones, desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y decomisos significativos. Las autoridades estadounidenses advierten que la inteligencia compartida y la asistencia dependerán del cumplimiento de estas metas por parte de México.
El caso Rubén Rocha Moya
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por presunta conspiración para importar narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha Moya, militante de Morena, pidió licencia temporal al cargo para “facilitar las investigaciones”. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, turnó el caso a la Fiscalía General de la República y exigió a Estados Unidos las evidencias correspondientes.
Reacción del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme de defensa de la soberanía. “No aceptamos intervencionismo”, ha reiterado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aseguró que antes de las acusaciones no existían indicios contra Rocha Moya. México otorgó protección al exgobernador tras un análisis de riesgo. La Cancillería envió nota diplomática formal pidiendo las pruebas de las acusaciones.
Implicaciones para la relación bilateral
Este caso y la nueva estrategia estadounidense representan una de las mayores tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos en los últimos años. Analistas señalan que el tema podría influir en la revisión del T-MEC, la cooperación migratoria y la seguridad fronteriza. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene el principio de no intervención y busca fortalecer la cooperación bajo términos de respeto mutuo.
La presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad y narcotráfico marca un nuevo capítulo en la relación bilateral.
Las próximas semanas serán clave para conocer si se presenta evidencia formal contra Rocha Moya y cómo responde México a las exigencias de extradiciones contenidas en la Estrategia 2026. Mientras tanto, las autoridades mexicanas insisten en que cualquier acción se realizará respetando la soberanía nacional y el estado de derecho.
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