Después de casi una década de tortura, abandono institucional y lucha judicial, un niño originario de Reynosa logró una sentencia favorable contra su madre y padrastro, responsables de someterlo a tratos inhumanos desde los tres hasta los siete años. El caso, documentado en el Amparo Directo 353/2022, refleja uno de los episodios más desgarradores de violencia infantil registrados recientemente en México. El infierno del menor comenzó en su propio hogar, cuando su madre se volvió a casar y se mudó con su nuevo esposo a San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Desde temprana edad, el niño fue víctima de golpes con puños cerrados, toques eléctricos, quemaduras con encendedor, encierros prolongados, y privación de alimento. En ocasiones, fue amarrado a una silla durante días, sin posibilidad de moverse.
Todo esto ocurrió con la complicidad de su madre, quien no solo presenció las agresiones, sino que también las permitió y, eventualmente, participó en ellas. La única persona que intentó interceder fue su abuela materna, quien logró grabar un testimonio del menor en un centro comercial en 2017 y se lo hizo llegar al padre biológico.
Aunque el padre denunció el caso ante el DIF, las autoridades no dieron seguimiento oportuno. La violencia continuó hasta 2020, cuando la madre finalmente denunció al padrastro y se refugió en Torreón, Coahuila. Tras la denuncia, un médico documentó las lesiones y se anexaron pruebas como fotografías y videos.
El 6 de mayo de 2022, el padrastro fue declarado culpable por violencia intrafamiliar, lesiones equiparadas y privación de la libertad, siendo sentenciado a ocho años y seis días de prisión, además del pago de más de 86 mil pesos en multas y la obligación de cubrir el tratamiento psicológico del menor. La madre recibió la misma sentencia.
Ambos apelaron. El padrastro alegó violaciones al debido proceso, acusando falta de validez en testimonios y peritajes. La madre pidió no ser considerada culpable, argumentando que también fue víctima de violencia de género. Sin embargo, el Poder Judicial ratificó la sentencia, determinando que ambos fueron responsables del daño causado al niño.
La resolución fue confirmada el 7 de marzo de 2024, cuando la víctima tenía casi 10 años. Aunque solo se reconocieron legalmente las agresiones de 2017 a 2020, la condena representa un precedente clave en la lucha contra el maltrato infantil y la impunidad dentro del núcleo familiar.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las redes de protección infantil en México y garantizar respuestas institucionales eficaces ante señales de abuso, evitando que víctimas como este menor esperen años para que su voz sea escuchada.
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