El presidente Gabriel Boric se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial luego de que se filtrara una conversación privada con su amiga y ex psiquiatra, Josefina Huneeus, cuyo teléfono fue intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del Caso ProCultura. La polémica grabación, que contenía un diálogo íntimo entre ambos sobre posibles vínculos con dineros irregulares de campaña, ha generado fuertes reacciones en todos los sectores del país y ha derivado en una creciente presión sobre el Gobierno.
Un escándalo de convenios que llegó a La Moneda
El Caso ProCultura, una arista del más amplio Caso Convenios, investiga traspasos por más de 6 mil millones de pesos chilenos a fundaciones desde el Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales. En el centro está Alberto Larraín, exdirector de la fundación ProCultura, exesposo de Huneeus y antiguo asesor de Boric en temas de salud mental.
Según el fiscal Patricio Cooper, Larraín habría confesado a una socia que parte de esos fondos fueron usados para financiar la campaña presidencial de Boric, hecho que fue incluido en la solicitud —rechazada— para intervenir el teléfono del presidente.
El 14 de octubre de 2024, Boric llamó a Huneeus para conversar sobre la investigación que envolvía a Larraín. Ambos desconocían que el teléfono de la psiquiatra estaba intervenido. La conversación, filtrada a la prensa, reveló preocupaciones del mandatario, quien incluso reconoció haber revisado sus antiguos celulares buscando mensajes con Larraín: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye qué interesante este proyecto’”.
En la misma llamada, Huneeus describió a Larraín como una “personalidad sicopática” y afirmó que, aunque no creía que hubiera cometido delitos penales, sí podía haber incurrido en actos imprudentes.
Reacciones judiciales: escuchas ilegales y remoción del fiscal
El viernes 17 de mayo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Huneeus, declarando ilegales las escuchas telefónicas y ordenando su eliminación de la investigación. La decisión provocó un terremoto en el Ministerio Público: el fiscal Patricio Cooper fue removido del caso por orden directa de la Fiscalía Nacional, que consideró que el manejo de la causa revestía “complejidad y gravedad”.
La investigación pasará ahora al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, conocido por su trayectoria en causas de narcotráfico. Aunque el fallo podría ser impugnado ante la Corte Suprema, por ahora la grabación que compromete a Boric queda fuera del expediente.
Daño político: aprobación de Boric en mínimos históricos
Mientras el presidente realizaba una visita oficial a Japón, el escándalo se propagó sin control en Chile. A su regreso, solo dio una breve declaración: “Tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho”. Sin embargo, la filtración ha pasado factura: según la última encuesta de Cadem, la desaprobación de Boric alcanzó el 70%, su nivel más alto desde que asumió en marzo de 2022.
El Frente Amplio, coalición de gobierno, acusó al fiscal Cooper de “espionaje político” por haber solicitado dos veces el permiso para intervenir el celular del mandatario, peticiones que fueron rechazadas por los tribunales. Pese a ello, la filtración de la conversación con Huneeus generó un profundo quiebre ético y político.
Alberto Larraín publicó una declaración pública negando haber desviado fondos a la campaña de Boric: “Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric”, aseguró. También desmintió enriquecimiento ilícito e incluso defendió a la ex pareja del presidente, Irina Karamanos, quien trabajó en la fundación pero fue desvinculada de los hechos por el Ministerio Público.
Un juicio político en la sombra
Aunque Boric no está imputado ni citado como testigo, el caso deja una sombra sobre su gobierno, que ha sido golpeado por múltiples controversias ligadas a fundaciones, convenios y el manejo de recursos públicos. La oposición exige una comisión investigadora en el Congreso, mientras que sectores del oficialismo temen un desgaste irreversible del capital político del mandatario.
Por ahora, el caso queda en manos del fiscal Bekios, pero el escándalo ya trascendió lo judicial: ha sembrado desconfianza en las instituciones, dudas sobre la legalidad de las escuchas y tensiones internas en el oficialismo que podrían impactar el futuro político del presidente Gabriel Boric.
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