La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos no notificó oficialmente a las autoridades mexicanas sobre la deportación de un ciudadano mexicano a Sudán del Sur, uno de los países más pobres y actualmente afectado por un conflicto interno.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que la persona deportada estaba detenida en territorio estadounidense por el delito de homicidio, y que debido a su situación legal, el retorno a México debió haber seguido un protocolo especial que fue omitido.
“Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos acusado de homicidio. No informaron a México para su retorno. Al ser una persona privada de su libertad, hay un protocolo distinto que debe seguirse”, explicó la mandataria.
La presidenta informó que su gobierno ya investiga en qué parte de Sudán del Sur se encuentra el ciudadano mexicano, con el fin de conocer si desea ser repatriado.
“Si quiere ser repatriado, Estados Unidos tendría que traerlo a México y en México tendrían que seguirse los protocolos legales, porque muy probablemente estaría privado de su libertad”, señaló.
La deportación a un país en guerra
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) informó el miércoles que ocho extranjeros fueron deportados esta semana a Sudán del Sur, como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien retomó el poder en enero con una agenda enfocada en la expulsión masiva de migrantes indocumentados.
Entre los deportados se encuentran dos ciudadanos cubanos y un mexicano. La medida ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos debido a la situación de inestabilidad y violencia en el país africano, lo que podría poner en riesgo la vida de los deportados.
Además, se reveló que el martes pasado, un juez en Boston ordenó al gobierno estadounidense mantener bajo custodia a las personas destinadas a ser deportadas, al menos hasta evaluar si su expulsión a terceros países era legalmente viable. Sin embargo, la administración Trump desoyó la orden judicial, procediendo con las deportaciones.
En respuesta, voceros del gobierno estadounidense acusaron al juez de “intentar obligar a Estados Unidos a llevar de vuelta a estos monstruos bárbaros únicos”, en alusión a las personas deportadas.
México exige respeto a la soberanía y protocolos
La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que, en casos de deportación de connacionales con antecedentes penales, las autoridades estadounidenses deben notificar al gobierno mexicano para coordinar una posible repatriación bajo custodia y seguir los cauces legales correspondientes.
Este incidente se suma a una serie de tensiones diplomáticas entre ambos países respecto al manejo de la migración, las deportaciones y los derechos de los connacionales detenidos en territorio estadounidense.
El gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, está gestionando información con autoridades de Sudán del Sur y representantes consulares en África para ubicar al ciudadano mexicano y garantizar su integridad.
“Se está revisando todo el caso. México debe velar por los derechos de sus ciudadanos, incluso si enfrentan procesos penales”, concluyó Sheinbaum.
La situación abre un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral en materia migratoria y evidencia los desafíos legales y humanitarios que surgen con las deportaciones forzadas a países en conflicto.
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