Una deuda de más de 180 millones de pesos heredada por el Ayuntamiento de Playa del Carmen al SAT ha abierto una investigación oficial para deslindar responsabilidades entre exautoridades municipales.
El caso se remonta a la administración de Mauricio Góngora Escalante, cuando se habría incurrido en una falta grave: se descontaron recursos a los trabajadores del municipio para el pago de impuestos, pero estos nunca fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria (SAT). El resultado es un litigio activo que sigue generando intereses y que amenaza con golpear las finanzas locales.
Tres gobiernos y un mismo problema
Aunque la administración encabezada por Lili Campos Miranda logró obtener un amparo para frenar momentáneamente el cobro, el SAT impugnó esta acción legal ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, reactivando el proceso judicial que ya se extiende por tres administraciones municipales consecutivas.
El actual gobierno local, que enfrenta las consecuencias de este adeudo, se ha mostrado confiado en que la resolución final podrá beneficiar al Ayuntamiento. Así lo aseguró José Agustín Aguilar, funcionario del municipio, quien añadió que paralelamente se lleva a cabo una investigación interna.
«Estamos siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Si se determina que hubo omisiones o negligencias por parte de exfuncionarios, se aplicarán las sanciones administrativas que marca la ley», declaró.
Por ahora, el Órgano Interno de Control ha iniciado el proceso de revisión documental para determinar quiénes estuvieron involucrados en la cadena de decisiones que permitió esta omisión fiscal. El objetivo es deslindar responsabilidades y garantizar que hechos similares no se repitan.
El caso ha generado molestia entre sectores ciudadanos que exigen transparencia y castigos ejemplares. «No es posible que los trabajadores hayan cumplido y que los gobiernos no hayan entregado el dinero», comentó José Antonio Martínez, vecino de la zona centro. La deuda acumulada podría afectar la operación de servicios básicos si el SAT llegara a ejecutar el cobro completo.
El litigio está lejos de resolverse y el expediente, según fuentes judiciales, sigue activo en tribunales federales. Mientras tanto, la investigación del órgano interno podría ser la vía para sentar precedentes legales y administrativos en el municipio.
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