Un análisis del Center for Global Development alertó sobre el impacto económico que provocaría un posible impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, siendo México y Guatemala los países más perjudicados por la medida, debido a su alta dependencia de estos flujos.
Según el estudio, México sufriría una reducción estimada de 2,600 millones de dólares anuales en remesas, lo que lo coloca como el país más afectado por la iniciativa. Este monto representa un fuerte golpe a la economía de millones de hogares, ya que se calcula que el 16.7% del ingreso promedio familiar en el país proviene de remesas.
En el caso de Guatemala, el segundo país más afectado, se proyecta una pérdida de 600 millones de dólares al año. La medida también tendría efectos significativos en naciones como India, Filipinas, China, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Vietnam, Nigeria y Colombia, aunque en una magnitud menor.
La gráfica elaborada por El Economista y basada en los datos del Global Development Center muestra visualmente el tamaño del impacto proyectado por país, destacando el caso mexicano muy por encima del resto.
Contexto y advertencias
El impuesto, propuesto como parte de iniciativas legislativas en EE. UU., busca gravar los envíos de dinero que hacen migrantes a sus países de origen. Sin embargo, el Center for Global Development advierte que esta medida podría tener consecuencias severas para la seguridad alimentaria y el bienestar familiar en los países receptores, al reducir el acceso a recursos básicos como vivienda, salud y educación.
Además, expertos temen que este tipo de políticas fomenten el uso de canales informales para el envío de dinero, afectando la trazabilidad y generando riesgos adicionales tanto para los migrantes como para sus familias.
Gobiernos como el de México ya han comenzado a establecer comunicación con legisladores estadounidenses para exponer los riesgos de esta propuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que su administración continuará buscando la vía del diálogo para evitar que se apruebe una medida que impactaría directamente a millones de mexicanos en ambos lados de la frontera.
La discusión continúa abierta en el Congreso de EE. UU., y mientras tanto, organizaciones civiles y gobiernos
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