Este domingo se celebra en México una elección sin precedentes: por primera vez en su historia, las y los ciudadanos eligen mediante voto directo a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. El origen de este proceso está en la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y ratificada con mayoría por la coalición gobernante de Morena, PT y PVEM en el Congreso de la Unión.
La reforma al Poder Judicial fue una de las primeras acciones de la nueva legislatura que inició en septiembre de 2024. Aprobada en medio de un clima de tensión política y social, la iniciativa provocó una fuerte confrontación entre el oficialismo y los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), así como paros laborales y protestas encabezadas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
En ambas cámaras, la discusión fue compleja. En el Senado, el voto clave que permitió la aprobación provino del entonces senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, lo que generó un sisma dentro de su bancada y lo llevó a ser calificado como “traidor”.
Objeciones legales e implementación
Luego de su aprobación, diversos amparos fueron promovidos por organizaciones, jueces y legisladores de oposición para frenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No obstante, el Ejecutivo federal, entonces a cargo de López Obrador y, desde octubre de 2024, de Claudia Sheinbaum, procedió con la promulgación ignorando las suspensiones emitidas por jueces.
Desde el gobierno, se defendió la reforma como un mecanismo para “democratizar el Poder Judicial”, reforzar la rendición de cuentas y erradicar la impunidad, señalando casos donde jueces liberaron a presuntos criminales por “fallas técnicas”, sin reconocer las deficiencias estructurales de las fiscalías estatales en la integración de carpetas de investigación.
Por su parte, la oposición, junto con expertos y organismos nacionales e internacionales, advirtió sobre el riesgo de politización de la justicia, la pérdida de independencia judicial, así como un posible impacto negativo en la inversión extranjera y el comercio.
Complicaciones presupuestarias y selección de candidaturas
La organización de los comicios estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), que enfrentó una fuerte reducción presupuestaria: de los más de 35 mil millones de pesos solicitados para 2025, solo se le asignaron 27 mil millones. Esto obligó a la eliminación de miles de casillas, materiales adaptados como las boletas en braille y una infraestructura más limitada para un proceso de esta magnitud.
En cuanto a la selección de candidatos, el procedimiento también fue cuestionado. Antes de la reforma, los jueces y ministros accedían a sus cargos tras años de carrera judicial. Hoy, bastó con cumplir nuevos requisitos mínimos: licenciatura en Derecho con promedio de al menos 8.0, cinco años de experiencia en áreas afines y cartas de recomendación vecinales.
Los aspirantes fueron evaluados por comités designados por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Sin embargo, en el caso del Legislativo, la selección se hizo mediante una tómbola, generando burlas, críticas y protestas de la oposición.
Campañas, escándalos y abstencionismo
Las campañas, que se desarrollaron entre el 31 de marzo y el 28 de mayo, estuvieron marcadas por el uso de memes, redes sociales y tendencias virales, ya que los candidatos debían financiar su propia promoción. La falta de experiencia en campañas políticas fue notoria y criticada.
El escándalo más grave se desató cuando Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y figura del PT, denunció que al menos una decena de aspirantes tenían presuntos vínculos con el crimen organizado. El PAN y el PRI exigieron cancelaciones de candidaturas, al señalar incluso que uno de los postulantes había sido abogado del narcotraficante conocido como «Z-40».
A días de la jornada electoral, se incrementaron los llamados al abstencionismo, particularmente por parte de la oposición, que denunció la supuesta entrega de “acordeones” con listas de candidatos oficialistas. PAN y PRI anunciaron que no participarían en la elección, acusando falta de garantías de imparcialidad.
Sheinbaum defiende el proceso
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la elección y negó que existiera intervención del gobierno o que el objetivo fuera controlar la Suprema Corte. Aseguró que esta elección es un paso más en la transformación del país y confió en que habría buena participación.
Con las casillas abiertas este 1 de junio, más de 881 cargos judiciales están en juego. El INE ha informado que, debido a la falta de presupuesto, no se aplicará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni habrá conteo rápido. Solo se conocerán avances del cómputo durante la noche del domingo.
Así, México inicia una nueva etapa judicial, envuelta en cuestionamientos, tensiones políticas y un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de su sistema de justicia. La ciudadanía hoy tiene la última palabra.
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