Este domingo, México celebra un proceso electoral extraordinario que marca un hito en su historia: la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Aunque se ha calificado como una jornada inédita, la práctica de designar autoridades judiciales por voto popular no es exclusiva del país. Modelos similares existen en Estados Unidos, Bolivia, Suiza, Guatemala, Perú y otros países, aunque cada uno con matices, límites y consecuencias muy particulares.
Hasta 2024, el nombramiento de las máximas autoridades judiciales en México se realizaba a través de un mecanismo indirecto: el presidente de la República proponía una terna y el Senado definía al ministro o ministra correspondiente, un modelo que por años fue acusado de estar plagado de favoritismos y cuotas partidistas.
La reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobada por el Congreso en septiembre de 2024, cambió de raíz ese sistema, permitiendo por primera vez que la ciudadanía elija directamente a más de 880 cargos judiciales, desde la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Esta reforma fue defendida por el oficialismo como una vía para acercar la justicia al pueblo y someterla al escrutinio público, con la promesa de una mayor rendición de cuentas.
Sus defensores argumentan que si el pueblo elige a sus legisladores y gobernantes, también debe tener el derecho de elegir a quienes imparten justicia, bajo el principio de soberanía popular.
Los ejemplos internacionales: luces y sombras
Un análisis realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Senado de México ofrece una perspectiva comparativa de los países que han optado por esquemas similares. Los modelos varían notablemente:
- Estados Unidos elige a jueces a nivel estatal y local en procesos donde las campañas son financiadas mayoritariamente por recursos privados, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia de intereses económicos en decisiones judiciales.
- Bolivia realiza elecciones nacionales de jueces y magistrados, pero enfrenta fuertes críticas por la intervención del poder legislativo en la preselección de candidatos, lo que debilita la autonomía del proceso y ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad.
- Suiza también permite elecciones populares a nivel subnacional, aunque con un modelo muy estructurado y con menor exposición a la politización.
- En Japón, los ministros de la Corte Suprema enfrentan elecciones de retención tras su designación, es decir, la ciudadanía vota si deben permanecer en el cargo o no.
- Perú, Colombia y Venezuela han adoptado esquemas donde solo se eligen jueces de paz o cargos menores por voto directo.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU han alertado sobre los riesgos que implica politizar la designación de jueces. Han señalado que la estabilidad en el cargo, la idoneidad en el proceso de selección y la protección frente a presiones externas son condiciones indispensables para garantizar la independencia judicial.
El temor de que candidatos judiciales queden expuestos a intereses partidistas, empresariales o incluso criminales, ha sido una de las críticas más constantes de organismos nacionales e internacionales respecto al modelo mexicano.
¿Democratización o vulnerabilidad?
México ha dado un paso más radical que otras naciones: en lugar de elegir a unos cuantos jueces o ministros, ha optado por someter todo el sistema judicial federal al voto popular, algo inédito en escala y profundidad. Esto ha generado expectativas, pero también profundas inquietudes sobre los efectos a largo plazo que tendrá esta medida sobre el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
A pesar de la controversia, la elección avanza con un fuerte respaldo gubernamental y con la esperanza, al menos desde el oficialismo, de que se convierta en un parteaguas democrático que transforme la relación entre justicia y ciudadanía. El tiempo y los resultados determinarán si México acertó en su decisión o si, como han advertido algunas voces críticas, abrió una puerta difícil de cerrar para la independencia de su sistema judicial.
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