A menos de 24 horas del inicio de la histórica elección judicial en México, autoridades estatales reportaron el robo de mil 700 boletas electorales en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hecho que impidió la instalación de casillas en la colonia San Antonio del Monte y dejó a cientos de ciudadanos sin la posibilidad de votar.
De acuerdo con reportes de seguridad, un grupo de personas ingresó a las instalaciones donde se resguardaban paquetes electorales y sustrajeron tres paquetes, huyendo de inmediato. Los materiales estaban destinados a la jornada del domingo 1 de junio, en la que se elegirían juezas, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
“El robo se descubrió por un movimiento inusual en la zona. Después se constató que faltaban tres paquetes con boletas”, relató un testigo.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades del V Distrito Electoral no han emitido comunicados oficiales sobre el hecho. En tanto, elementos de seguridad estatal y municipal desplegaron un operativo para resguardar el área y dar inicio a las investigaciones, aunque no se han reportado avances ni indicios sobre el móvil del crimen, que podría estar relacionado con fines políticos, actos vandálicos o crimen común.
Inseguridad en otros estados previo a la jornada electoral
El incidente en Chiapas se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el contexto previo a la elección judicial en el país, particularmente en estados como Veracruz y Durango, donde se han reportado amenazas, atentados, asesinatos y secuestros relacionados con aspirantes y actores políticos.
Según datos del Laboratorio Electoral con corte al 5 de mayo de 2025, Veracruz es una de las entidades con alto riesgo de violencia electoral, al acumular 15 casos documentados contra candidatos. Entre ellos destacan:
- Carlos Ranses Neri, aspirante del PVEM a la alcaldía de Veracruz, asesinado.
- Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, también asesinado.
- Tres atentados, cuatro secuestros y al menos seis amenazas a otros actores políticos.
A pesar de la gravedad de estas cifras, el reporte no incluyó el caso de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, quien fue asesinada a balazos durante un mitin el pasado 11 de mayo, hecho que conmocionó al estado y desató una ola de exigencias de justicia por parte de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
Una elección judicial bajo amenaza
La elección del 1 de junio, en la que por primera vez la ciudadanía elegiría a 881 autoridades judiciales —entre ellas 9 ministros de la Suprema Corte—, ha estado marcada no solo por controversias políticas y presupuestales, sino también por la creciente inseguridad que afecta el desarrollo de procesos democráticos en múltiples regiones del país.
La falta de garantías para los candidatos, la presencia de grupos armados y la debilidad institucional en algunas zonas rurales del sur y sureste de México plantean desafíos urgentes para la integridad electoral, en especial en un proceso que pretende democratizar uno de los poderes más cuestionados del país.
Las autoridades electorales, hasta el cierre de esta nota, no han confirmado si repondrán las boletas robadas en Chiapas o si habilitarán mecanismos alternativos para garantizar el voto de las personas afectadas.
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