La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves la demanda de 10 mil millones de dólares que México interpuso contra grandes fabricantes de armas estadounidenses, al considerar que no presentó pruebas suficientes de que las empresas facilitaran conscientemente el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
Jueces fallan por unanimidad
En una decisión unánime, el máximo tribunal del país revocó el fallo previo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que había permitido continuar el proceso judicial. La jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión del tribunal, señaló que México no identificó «ninguna transacción criminal específica» que vinculara directamente a las compañías acusadas con actividades delictivas en México.
Empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock fueron señaladas por el gobierno mexicano de aprovecharse del mercado negro y permitir, de forma negligente, que sus productos llegaran a manos del crimen organizado.
La demanda se sustentaba en una excepción a la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas de 2005, que normalmente exime a los fabricantes de responsabilidad cuando sus armas se usan en delitos. Sin embargo, el tribunal consideró que México no demostró que las empresas violaron leyes estadounidenses en sus prácticas comerciales.
Origen y consecuencias del caso
La acción legal iniciada en 2021 representaba un intento sin precedentes de responsabilizar a fabricantes de armas de fuego por la violencia generada fuera del territorio estadounidense. El gobierno mexicano argumentaba que cerca del 70% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de EE. UU., pese a que en México existe sólo una tienda legal autorizada para vender armamento.
El revés judicial implica que el caso regresa a la Corte de Distrito en Boston, donde podría continuar bajo nuevas bases legales, según la Cancillería mexicana. Además, el fallo no afecta otra demanda presentada en 2022 por México contra cinco tiendas y distribuidores de armas en Arizona.
Reacción de Sheinbaum y postura oficial
Cuestionada sobre el fallo durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que aún hay esperanza en el segundo juicio. «Son dos juicios. Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos», afirmó.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que el gobierno de México continuará con acciones legales para frenar el tráfico ilícito de armas, insistiendo en que los fabricantes deben rendir cuentas por permitir que sus productos terminen «nutriendo a grupos delictivos».
El uso de la excepción legal en casos similares ha tenido éxito en el pasado. En 2022, las familias de las víctimas del tiroteo en la primaria Sandy Hook lograron un acuerdo de 73 millones de dólares con Remington, fabricante del arma utilizada en la masacre.
David Pucino, director legal del Giffords Law Center, aseguró que el reciente fallo no impide que otros sobrevivientes de violencia con armas continúen buscando justicia. «Todos merecen su día en la corte, en Estados Unidos, en México y en cualquier otro lugar», sostuvo.
También te puede interesar: Trump y Xi retoman el diálogo: buscan desactivar la guerra comercial entre potencias
