Más de mil familias indígenas nahuas han abandonado sus comunidades en la región Montaña baja de Guerrero tras una nueva ofensiva atribuida al grupo criminal Los Ardillos. Desde el pasado 6 de mayo de 2026, habitantes de comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán denuncian ataques armados con rifles de alto calibre, drones con explosivos y ráfagas constantes durante la noche.
La violencia ha dejado al menos cuatro policías comunitarios asesinados, decenas de viviendas abandonadas y cientos de personas refugiadas en iglesias, caminos y poblados cercanos.
La crisis se agravó durante el fin de semana del Día de las Madres. Familias enteras huyeron en plena madrugada cargando mochilas, cobijas y niños pequeños mientras se escuchaban detonaciones en las montañas. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de caos, mujeres llorando y habitantes denunciando que grupos armados avanzaban hacia sus comunidades mientras elementos de seguridad permanecían cerca sin intervenir.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acusa directamente a Los Ardillos de intentar expulsar a las comunidades organizadas para mantener control territorial en la zona de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Las denuncias también señalan presunta omisión de autoridades estatales y federales. En grabaciones compartidas por habitantes y colectivos, se observan vehículos del Ejército Mexicano en caminos rurales mientras se escuchan balaceras a la distancia. Las comunidades sostienen que la presencia de fuerzas federales no ha frenado los ataques.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema el 11 de mayo y anunció refuerzo de elementos de la Guardia Nacional y apoyo humanitario. Sin embargo, hasta este 12 de mayo continúan reportes de disparos, drones y personas desaparecidas en la región.
Quiénes son Los Ardillos y cómo surgieron
El grupo criminal Los Ardillos nació alrededor del año 2000 en la zona de Quechultenango, Guerrero. Su fundador fue Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, un ex policía rural que inicialmente se dedicó al cultivo de amapola y posteriormente estableció vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Con apoyo de algunos de sus hijos, Ortega Rosas consolidó una estructura criminal que comenzó operando principalmente en municipios como Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera y Quechultenango, regiones clave para la producción y traslado de heroína derivada de amapola.
Con el paso de los años, Los Ardillos ampliaron sus operaciones hacia extorsión, secuestro, cobro de derecho de piso y control de rutas locales de transporte y comercio. Habitantes de la región han denunciado durante años cobros ilegales a comerciantes, productores agrícolas y transportistas.
El fundador del grupo fue detenido en 2008 acusado de secuestro y del asesinato de dos agentes de la SEIDO. Aunque obtuvo su libertad tiempo después, fue asesinado el 26 de enero de 2011 en Quechultenango.
Tras su muerte, el control de la organización quedó en manos de sus hijos, principalmente Celso Ortega Jiménez, identificado como uno de los líderes más visibles del grupo. También son señalados Jorge Iván Ortega Jiménez y Antonio Ortega Jiménez como operadores importantes dentro de la estructura criminal.
Diversos reportes periodísticos y denuncias comunitarias han señalado presuntos vínculos políticos y protección local alrededor del grupo, acusaciones que han sido negadas públicamente por algunos de los involucrados.
Guerra territorial y ataques contra comunidades indígenas
La violencia atribuida a Los Ardillos se intensificó entre 2014 y 2015, cuando comenzó una disputa abierta contra Los Rojos, otra célula criminal surgida tras la fragmentación de los Beltrán Leyva.
Desde entonces, comunidades indígenas nahuas organizadas mediante policías comunitarias y autodefensas quedaron atrapadas entre disputas territoriales, bloqueos y ataques armados.
Organizaciones como el CIPOG-EZ y la CRAC-PC han acusado durante años a Los Ardillos de ejecutar ataques sistemáticos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados para controlar comunidades estratégicas de Guerrero.
En distintas ocasiones, habitantes han denunciado que el grupo utiliza tácticas de asedio, incluyendo bloqueos carreteros, vigilancia armada y recientemente drones con explosivos caseros.
La ofensiva de mayo de 2026 representa uno de los episodios más graves de desplazamiento reciente en la región. De acuerdo con reportes comunitarios, algunas familias llevan días refugiadas sin acceso suficiente a alimentos, atención médica o seguridad permanente.
Las comunidades también denuncian que algunos menores han comenzado a participar en labores de vigilancia ante el temor de nuevos ataques.
Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en Chilapa, Alcozacán y comunidades cercanas, donde habitantes exigen una intervención efectiva para detener la violencia y garantizar el regreso seguro de las familias desplazadas.
También te puede interesar: CDMX y centro de México bajo alerta por fuertes lluvias: así debes prepararte
