En un giro que marca distancia con la tendencia nacional hacia la legalización del aborto, el Congreso del estado de Guanajuato votó este jueves en contra de un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo, con 19 votos en contra frente a 17 a favor.
El resultado se inclinó tras un empate registrado la semana anterior, que se rompió cuando una diputada del Partido Verde cambió su posición original y votó en contra, respaldando así la postura conservadora que históricamente ha dominado la política del estado.
Un bastión conservador que desafía a la Suprema Corte
Guanajuato, gobernado por el derechista Partido Acción Nacional (PAN) desde hace más de 30 años, se mantiene como uno de los estados más conservadores del país. Su rechazo al proyecto de ley va en contravía de una jurisprudencia clara: en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las leyes que criminalizan el aborto en los códigos penales estatales.
A pesar de esa sentencia, la implementación a nivel local depende de las legislaturas estatales, que deben armonizar sus normas penales con la decisión del máximo tribunal. Hasta la fecha, 19 de los 32 estados de México han eliminado las sanciones penales contra quienes deciden interrumpir su embarazo.
Según Verónica Cruz, fundadora de la organización Las Libres, la negativa legislativa en Guanajuato no impide que las mujeres accedan al aborto: “Aquí ya hay una despenalización social”, aseguró en declaraciones a AFP.
Las Libres es una de las organizaciones no gubernamentales que, desde hace años, proporciona acompañamiento, asesoría médica y medicamentos a mujeres que desean interrumpir su embarazo, incluso en entidades donde el procedimiento aún no es legal. En muchos casos, estas intervenciones ocurren en centros de salud pública, con personal que actúa bajo una ética de derechos humanos, más allá del marco penal vigente.
Una lucha que trasciende fronteras
El trabajo de las ONG como Las Libres no se limita a México. Tras el revés legal que sufrió el derecho al aborto en Estados Unidos en 2022, varias organizaciones mexicanas han extendido su apoyo a mujeres del país vecino que buscan abortar en un entorno cada vez más restrictivo.
El aborto en México se practica mayoritariamente con fármacos hormonales como la mifepristona y el misoprostol, siguiendo protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud. El acceso gratuito a estos medicamentos a través de redes de acompañamiento ha sido clave para garantizar la seguridad de las mujeres, aun cuando las leyes no las amparen plenamente.
La Ciudad de México, pionera en la despenalización del aborto hasta las 12 semanas desde 2007, ha servido como referencia para los cambios legislativos en otros estados. Sin embargo, casos como el de Guanajuato evidencian que el avance en derechos sexuales y reproductivos en México es desigual, y que aún persisten resistencias fuertes en regiones donde domina la influencia religiosa y política conservadora.
El futuro de la lucha por los derechos reproductivos
La votación en Guanajuato pone de relieve las tensiones entre el marco jurídico nacional y la autonomía de los congresos locales. Mientras en una parte del país se consolida el acceso libre y seguro al aborto, en otras se mantiene criminalizado, con consecuencias legales y sociales para las mujeres que ejercen su derecho a decidir.
Sin embargo, como señala Verónica Cruz, el camino no se detiene: “La ley puede seguir penalizando, pero las mujeres seguirán abortando con o sin permiso del Congreso”.
La lucha por la despenalización total del aborto en México continúa, con la vista puesta no solo en el terreno legal, sino también en el cambio cultural y en la autonomía sobre los cuerpos que reivindican miles de mujeres cada día.
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