El presidente Donald Trump ordenó intensificar la mayor redada migratoria en la historia de Estados Unidos, apuntando directamente a ciudades gobernadas por demócratas, en una estrategia que mezcla política interna con su discurso de seguridad nacional. Según confirmó este domingo, la prioridad serán los estados con mayor concentración de migrantes indocumentados, como California, Nueva York e Illinois.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a «hacer todo lo que esté a su alcance» para ejecutar el llamado Programa de Deportación Masiva.
La meta, según el propio mandatario, es realizar más de 3 mil arrestos diarios, quintuplicando el promedio actual de 650 detenciones por día.
Este anuncio llega tras una ola de protestas en ciudades como Los Ángeles y Portland, donde la ciudadanía ha rechazado con fuerza las políticas migratorias del gobierno federal. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, fueron disueltas por la policía con gases lacrimógenos y proyectiles no letales, avivando aún más la tensión entre la administración Trump y las autoridades locales.
Trump hace excepciones: pausa redadas en sectores agrícolas y hoteleros
Pese a la dureza del plan, el presidente instruyó a los funcionarios del ICE a suspender los operativos en sectores considerados estratégicos, como la agricultura, la restauración y la hotelería. La decisión responde a la preocupación del propio Trump por el impacto económico que estas acciones podrían tener en industrias altamente dependientes de la mano de obra migrante.
Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló que Trump “reconoció el efecto adverso que las redadas estaban generando en ciertos sectores productivos, lo que llevó a una reconsideración táctica”.
La pausa en estos lugares específicos parece un intento de blindar al empresariado de las consecuencias inmediatas del endurecimiento migratorio, sin frenar el avance general del programa.
Mientras tanto, la narrativa del gobierno apunta a que las grandes ciudades —especialmente aquellas bajo control demócrata— se han convertido en “santuarios de ilegalidad”, una etiqueta que la Casa Blanca ha utilizado para justificar su ofensiva.
Trump incluso sugirió que la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue clave para evitar una escalada violenta durante las protestas recientes.
“Si no tuviéramos a la Guardia Nacional lista y de guardia, destrozarían Los Ángeles”, declaró a los reporteros antes de abordar su vuelo hacia la cumbre del G7 en Alberta, Canadá. Desde allí, reiteró que las redadas continuarán y se ampliarán, priorizando los centros urbanos donde “residen millones y millones de inmigrantes ilegales”.
Migrantes bajo la sombra
El plan cuenta con el respaldo de Stephen Miller, asesor clave del presidente y arquitecto de sus políticas migratorias, quien aseguró que este nuevo enfoque “restaurará el imperio de la ley” y que “ninguna ciudad puede estar por encima de la autoridad federal”.
Organizaciones de derechos civiles han calificado esta estrategia como una forma de represión selectiva que busca criminalizar la pobreza y la migración. Señalan además que el incremento de las detenciones podría derivar en violaciones masivas de derechos humanos, dado que muchos arrestos previos han sido ejecutados sin órdenes judiciales.
Por ahora, la comunidad migrante vive bajo la sombra de un operativo que se perfila como el más agresivo en décadas. En medio de este clima de persecución y temor, el debate sobre los límites del poder presidencial y el respeto a los derechos humanos se agudiza a medida que avanza el calendario electoral en EE. UU.
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