Las juventudes mexicanas, conformadas por más de 40.1 millones de personas entre 12 y 29 años, enfrentan un panorama marcado por desigualdades estructurales que restringen su acceso a derechos fundamentales como salud, educación, empleo y vivienda. Así lo revela el nuevo Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDHJ) presentado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
A pesar de representar el 30.1% de la población nacional, este grupo se encuentra cada vez más expuesto a la pobreza, la violencia, la marginación y el abandono institucional, especialmente en contextos rurales, indígenas, afrodescendientes o marcados por la desigualdad.
“Es un bono demográfico que no se va a repetir. Si no actuamos ahora, millones de jóvenes pasarán a formar parte de los sectores más empobrecidos del país”, advirtió Lorenzo Jiménez Ruiz, representante del PNUD en México.
Un perfil desigual: pobreza, violencia y rezago
El informe destaca que en 2022, el 37.5% de las y los jóvenes mexicanos vivía en pobreza. Además, 2.1 millones hablaban una lengua indígena, 773 mil se identificaban como afrodescendientes, y 2.6 millones vivían con alguna discapacidad o condición de salud mental, de acuerdo con cifras de Inegi.
El Índice de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDH-J) se ubicó en 0.71, por debajo del índice general nacional (0.78). Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz figuran entre las entidades con menor desarrollo juvenil, mientras que Nuevo León y Ciudad de México lideran en ingreso, aunque con altos niveles de informalidad en el empleo juvenil.
“Tener altos ingresos no implica empleos formales. En Ciudad de México, por ejemplo, el 69.5% de las y los jóvenes trabaja en la informalidad”, subraya el informe.
Violencia y desapariciones: otra cara del abandono
El fenómeno de las desapariciones forzadas fue incluido como un eje prioritario del análisis. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, la mitad de las más de 115 mil personas desaparecidas en México entre 2019 y 2025 corresponde a jóvenes entre 12 y 29 años.
En el caso de los hombres, el mayor riesgo se concentra entre los 20 y 34 años, mientras que para las mujeres, el grupo más vulnerable es el de 15 a 19 años.
Las desapariciones están vinculadas, según el estudio, a dinámicas de reclutamiento forzado, violencia organizada, criminalización y control territorial, particularmente en estados como Zacatecas, Colima y Guerrero.
El informe también analiza las disparidades dentro de los propios estados. Por ejemplo, Veracruz registra buenas cifras en salud, pero un rezago severo en educación; mientras que Colima, con buen desempeño educativo, presenta una de las tasas más altas de muertes violentas en jóvenes.
Además, señala que solo el 10% de las escuelas en América Latina cuenta con protocolos digitales contra el ciberacoso, en un contexto donde 7 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en línea, según cifras del Inegi y la Unesco.
Llamado a una política pública juvenil integral
“México enfrenta un punto de inflexión. Esta es una generación diversa, dinámica y estratégica, pero su destino dependerá de las decisiones políticas que se tomen hoy”, subrayó Bárbara Miranda, de UNFPA.
Los organismos internacionales urgieron al gobierno mexicano a garantizar el acceso equitativo a educación de calidad, empleo formal, salud integral y espacios libres de violencia, especialmente para jóvenes en condición de pobreza, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.
El informe concluye que el futuro de México se juega en las decisiones presentes: “Este grupo no es marginal, es el presente y el futuro del país. Ignorarlo sería hipotecar el desarrollo social y económico de las próximas décadas”.
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