La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno al permitir reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos a su país de origen, incluso a lugares en conflicto como Sudán del Sur, sin la obligación de notificar a los migrantes ni darles oportunidad de apelar.
Esta resolución, emitida el 23 de junio de 2025, responde a una solicitud de emergencia del gobierno y revoca parcialmente una orden previa del juez federal Brian Murphy, que exigía avisar con anticipación a los migrantes sobre su destino y garantizarles un proceso para argumentar el temor a ser torturados.
El fallo contó con la oposición de las tres juezas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— quienes lo calificaron como una “recompensa a la ilegalidad” por parte del gobierno. Sotomayor reprochó que la administración Trump haya ignorado órdenes judiciales anteriores.
Convención contra la Tortura, ratificada por EE. UU.
El conflicto central gira en torno a la Convención contra la Tortura, ratificada por EE. UU. en 1994, que prohíbe deportar personas a países donde corran riesgo de ser torturadas. Sin embargo, la interpretación de esa norma y las garantías procesales mínimas para los migrantes permanecen ambiguas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que, si obtiene “garantías” de que el país receptor no aplicará tortura, no tiene obligación de informar al migrante sobre el traslado. Sólo en ausencia de esas garantías se activa el derecho a notificación y apelación.
El juez Murphy calificó de “inaceptable” que se notifique a los migrantes con menos de 24 horas de antelación, especialmente cuando se trata de países con riesgos comprobados. Su orden fue apelada por la administración Trump, que ahora cuenta con el respaldo de la Corte Suprema en esta fase inicial.
Esta decisión afecta especialmente a migrantes de países como Cuba, Vietnam y Laos, quienes podrían ser enviados a destinos donde nunca han vivido ni tienen vínculos previos, sin previo aviso.
La Corte ha respaldado en múltiples ocasiones la política migratoria del presidente Trump, incluyendo medidas recientes para eliminar el estatus de protección temporal a venezolanos y restringir programas humanitarios para cubanos, nicaragüenses y haitianos. No obstante, en casos anteriores también ha frenado acciones que vulneren derechos fundamentales, como la deportación sin debido proceso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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