El Gobierno federal activó este viernes un mecanismo que prohíbe la entrada de mercancías fabricadas con trabajo forzoso o infantil. La medida forma parte del compromiso internacional asumido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que busca erradicar prácticas laborales ilegales en el comercio global.
Las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) informaron que, a partir del 28 de junio, comenzó a funcionar en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) un apartado específico para recibir denuncias ciudadanas sobre importaciones ligadas al uso de trabajo forzado u obligatorio. A través de esta plataforma, cualquier particular podrá presentar información para que las autoridades inicien investigaciones formales.
El nuevo procedimiento responde al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de febrero de 2023, en el que se establece que ciertas mercancías sólo podrán importarse si cumplen con requisitos laborales establecidos por la STPS.
Este protocolo se aplica especialmente a productos fabricados en parte o en su totalidad con mano de obra forzosa, incluidos los casos de trabajo infantil forzado. La Secretaría del Trabajo será la encargada de determinar, tras la recepción de una denuncia, si existe evidencia suficiente para bloquear su ingreso al país.
Nueva era en comercio exterior basada en derechos humanos
La creación del mecanismo coloca a México entre los países que han adoptado un enfoque comercial sustentado en el respeto a los derechos humanos. Según las autoridades, el objetivo es eliminar toda forma de explotación laboral en las cadenas globales de suministro.
El artículo 23.6 del Capítulo Laboral del T-MEC establece la obligación de los tres países firmantes de erradicar completamente estas prácticas y prohibir la importación de productos fabricados bajo esas condiciones. Esta disposición se suma a los compromisos que ya habían asumido Estados Unidos y Canadá desde la entrada en vigor del tratado en 2020.
Además de cumplir con el tratado comercial, las autoridades mexicanas afirman que el mecanismo responde a una demanda social por mayor vigilancia en el origen ético de los productos. Al abrir esta vía de denuncia ciudadana, buscan empoderar a la sociedad civil y reforzar los mecanismos de control del gobierno.
La STPS indicó que los certificados laborales exigidos para la importación de ciertos bienes deberán respetar estándares mínimos de condiciones de trabajo digno. La idea, aseguran, no es frenar el comercio, sino alinearlo con prácticas éticas.
También te puede interesar: Fitch degrada calificación de Intercam, CIBanco y Vector tras señalamientos de EE. UU. por presunto lavado ligado al fentanilo
