La informalidad laboral en México mostró un preocupante repunte en los primeros cinco meses del año, alcanzando una tasa de 54.9% al cierre de mayo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto significa que más de la mitad de la población ocupada en el país labora fuera del marco formal, sin acceso a seguridad social, prestaciones ni contratos reconocidos legalmente.
Aumenta la precariedad: más de un millón de nuevos informales
El repunte representa un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024, cuando la informalidad se situaba en 53.7%. De acuerdo con estimaciones del mercado laboral, entre enero y mayo de 2025 se han eliminado aproximadamente 461,000 empleos formales, mientras que 1.1 millones de personas se han sumado a las filas del trabajo informal.
Este incremento es el más alto registrado desde octubre de 2023, cuando la tasa de informalidad laboral había alcanzado el 55.4%. Aunque hubo periodos de ligera mejora en 2024 —como abril y noviembre, con una tasa de 54.6%—, la tendencia general durante los últimos 18 meses ha sido oscilante, sin una reducción sostenida.
Un problema estructural que limita derechos
La informalidad laboral no solo implica un reto económico, sino también una vulneración sistemática de derechos. Quienes trabajan bajo esquemas informales no tienen garantizado el acceso a servicios médicos, pensiones, seguros, ni condiciones laborales dignas. Además, enfrentan mayor incertidumbre en términos de ingresos y protección ante riesgos laborales o de salud.
Según especialistas, este fenómeno afecta la calidad del empleo y reduce las oportunidades de desarrollo de la población trabajadora, particularmente entre jóvenes, mujeres y personas con baja escolaridad.
Llamado a políticas públicas urgentes
El incremento de la informalidad ha encendido las alarmas entre analistas y organismos internacionales, quienes advierten que el crecimiento económico sin inclusión laboral profundiza la desigualdad. Proponen medidas como la formalización progresiva del trabajo independiente, incentivos fiscales para las mipymes, y la expansión de la seguridad social universal.
En este contexto, se vuelve crucial que las reformas laborales y los proyectos de reducción de la jornada laboral en discusión, como el planteado para alcanzar una jornada de 40 horas en 2030, vayan acompañados de estrategias integrales que promuevan la formalización del empleo, particularmente en sectores clave como comercio, servicios y agricultura.
La situación evidencia que el reto de la informalidad no es coyuntural, sino estructural, y que superarlo requiere un esfuerzo coordinado entre gobierno, empresas y sociedad para garantizar un trabajo digno y con derechos para todos.
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