El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que ocho entidades federativas acumulan el 66 por ciento de todos los casos de extorsión reportados a nivel nacional. El anuncio se dio durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Extorsión, una iniciativa que busca contener este delito mediante la colaboración interinstitucional.
Durante su participación, Harfuch señaló que las entidades con mayor incidencia actualmente son Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. No mencionó los otros cinco estados involucrados en esta concentración del delito.
Estrategia enfocada en coordinación federal y local
La estrategia incluye un modelo de colaboración entre fiscalías estatales, policías locales y la SSPC. El objetivo es identificar patrones delictivos, mejorar los mecanismos de denuncia, capacitar a personal de primer contacto y fortalecer las áreas de inteligencia.
“La extorsión no sólo afecta económicamente a las víctimas; también debilita la confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Por eso debemos enfrentarla con enfoque territorial, inteligencia e investigación focalizada”, afirmó Harfuch.
Uno de los objetivos principales es establecer unidades especializadas en extorsión dentro de los ocho estados considerados prioritarios.
Extorsión: un delito que evoluciona
Datos de la SSPC y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la extorsión ya no depende únicamente de llamadas telefónicas. Los delincuentes utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos locales para amenazar y presionar a ciudadanos y comerciantes.
El Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que en entidades como Guanajuato y el Estado de México la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática usada por grupos criminales para obtener ingresos.
Impacto social y necesidad de denuncia
Harfuch reconoció que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades. Esto impide conocer el verdadero alcance del problema. Por esa razón, la estrategia nacional contempla campañas de concientización y la creación de canales seguros para denunciar.
“La denuncia es vital, pero también lo es generar confianza en que sí habrá seguimiento. Debemos romper el ciclo de silencio que permite que este delito prospere”, expresó Harfuch.
En los próximos meses se realizarán diagnósticos en cada uno de los ocho estados para adaptar las acciones a las condiciones locales y patrones delictivos específicos.
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