Con pancartas que decían “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar”, decenas de madres, padres y personas buscadoras clausuraron simbólicamente la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro en protesta por las recientes modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición, aprobadas por el Congreso sin consulta previa a los colectivos de víctimas.
La manifestación del miércoles 2 de julio visibilizó el creciente rechazo social a lo que las familias califican como una “Ley Espía”, al considerar que prioriza la vigilancia masiva y la recolección de datos sensibles, por encima del derecho a la verdad y la justicia en los más de 129 mil 900 casos de personas desaparecidas que registra el país hasta junio de 2024.
“Nos usaron como pretexto para justificar una política de vigilancia”
El defensor de derechos humanos Jorge Verástegui González, familiar de dos desaparecidos e integrante del colectivo que transformó la Glorieta de La Palma en la Glorieta de las y los Desaparecidos, denunció que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son “cosméticas” y alejan al Estado de sus obligaciones reales.
“Estas reformas no ayudan a encontrar a nuestros desaparecidos”, afirmó en entrevista con Proceso. Señaló que desde hace tres meses los colectivos pidieron un Parlamento Abierto para discutir la ley, pero solo obtuvieron un acuse de recibo. “No hubo diálogo, no hubo seriedad, ni una sola mesa de trabajo real”, dijo.
Verástegui fue más allá al advertir que la verdadera intención de la reforma es vigilar a la población, no buscar a las personas desaparecidas. “Se usó el dolor de miles de familias para justificar una política de Estado espía. Esta ley prioriza bajar cifras, no resolver causas”, aseveró.
Una de las mayores preocupaciones es que el nuevo registro nacional de personas desaparecidas solo incluirá casos ocurridos a partir de 2018, dejando fuera miles de expedientes anteriores y creando una nueva forma de exclusión oficial. “Solo van a contar los desaparecidos de este gobierno”, acusó Verástegui.
¿Qué establece la nueva Ley?
La reforma, aprobada por 417 votos a favor y 60 en contra, transforma de fondo el sistema de búsqueda en México. Entre sus puntos más polémicos se encuentra la creación de una CURP biométrica obligatoria, que recopilará datos como huellas digitales, iris, rostro y otros rasgos físicos para cualquier residente en el país.
Toda esta información será integrada a la Plataforma Única de Identidad (PUI), un sistema centralizado que podrá ser consultado por instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional y el INE, sin necesidad de orden judicial ni mecanismos independientes de supervisión.
Además, la base de datos estará vinculada al Banco Nacional de Datos Forenses, al registro de investigaciones penales y al sistema de alertas de desaparición, lo que abre la puerta —según advierten los colectivos— a un uso indebido de la información y a prácticas de persecución o estigmatización social.
“Fue marketing político, no un compromiso real”
Para Verástegui, las reformas son una muestra de desprecio institucional hacia las familias. “No les importan nuestros desaparecidos. Esto fue una operación de marketing político para quedar bien en redes y medios, pero no hay voluntad de construir soluciones reales”, expresó.
También criticó que las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría de Gobernación hayan sido una “simulación”, donde solo participaron familiares con recursos para viajar a la capital, y sin ninguna agenda concreta. “Fueron reuniones de catarsis, no de política pública”.
Al cierre de la protesta, los colectivos reiteraron su exigencia al Congreso de la Unión de abrir un proceso participativo real, como el que dio origen a la ley vigente, elaborada durante dos años con colaboración del Ejecutivo, el Legislativo y las familias.
“El Congreso acaba de aprobar una ley que los senadores y diputados ni siquiera leyeron con detenimiento”, denunció Verástegui. “Y ahora somos las familias quienes tendremos que esperar las consecuencias”.
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