Cada día, en promedio, 22 niñas mexicanas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres durante 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. El fenómeno, lejos de disminuir, revela una crisis estructural de violencia sexual, desigualdad y omisión institucional, especialmente en estados como Chiapas y Guerrero, donde las cifras duplican el promedio nacional.
De acuerdo con un análisis de la investigadora Montserrat Mora, elaborado a partir de bases de datos públicas, en 2024 se registraron 7,975 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Solo cinco estados —Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco— concentraron cuatro de cada diez casos, sumando en conjunto 3,208 partos infantiles.
Niñas de 10, 11 y 12 años convertidas en madres
El desglose por edad es estremecedor:
- 3 nacimientos fueron de niñas de 10 años
- 32, de 11 años
- 195, de 12 años
- 1,422, de 13 años
- 6,323, de 14 años
En términos proporcionales, Chiapas lidera con 28.3 nacimientos por cada 10 mil niñas, seguido por Guerrero (24), Campeche (20.6), Chihuahua (20) y Oaxaca (19.3). Todas estas entidades superan ampliamente el promedio nacional de 14.6.
Pero más allá de las cifras, los datos dejan al descubierto una realidad brutal: decenas de estos embarazos involucran a hombres adultos e incluso adultos mayores como presuntos padres. En 30 partos ocurridos en niñas de entre 10 y 12 años, solo siete de los hombres eran menores de edad. El resto eran adultos, con edades que llegaron hasta los 65 años.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años dio a luz a un hijo de un hombre de 65. Otro caso en Texcoco involucró a una niña de 10 años y a un adulto de 32.
Organizaciones exigen justicia y atención integral
Frente a este panorama, organizaciones como Reinserta han exigido que cada uno de estos casos se aborde como lo que son: actos de violencia sexual infantil.
“Todo embarazo en una menor de edad con un adulto como presunto padre debe ser investigado penalmente”, sentenció la asociación, especializada en justicia para menores.
Además, Reinserta propuso la creación de una Ruta Nacional de Atención Integral para Niñas Víctimas de Violencia Sexual, que contemple atención médica, psicológica y legal, así como la activación obligatoria de protocolos en escuelas, hospitales y oficinas del registro civil cuando se detecte un embarazo infantil.
Las cifras y reacciones revelan una alarmante omisión institucional. No existen mecanismos eficientes para prevenir el abuso sexual infantil ni para garantizar una respuesta rápida cuando estos casos ocurren. La impunidad y la normalización siguen siendo parte del entorno de violencia que padecen miles de niñas en el país.
Mientras tanto, cada número en estas estadísticas representa una infancia truncada, una vida marcada por la violencia y una deuda pendiente del Estado mexicano con sus niñas y adolescentes.
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