En un esfuerzo por frenar la expansión de uno de los delitos de mayor crecimiento y violencia en el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso para legislar en materia de extorsión, con el objetivo de establecer una Ley General contra la Extorsión.
La propuesta, que de ser aprobada por el Constituyente Permanente permitiría al Poder Legislativo Federal expedir un marco normativo nacional, parte del reconocimiento de que la extorsión ha dejado de ser un delito menor y se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad, el patrimonio y la estabilidad emocional y económica de miles de personas.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes”, señala la exposición de motivos del proyecto presidencial.
Una ley general para unificar esfuerzos
La iniciativa busca homologar las atribuciones entre la Federación y las entidades federativas, con el fin de establecer políticas coordinadas para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión en todo el país. Según el documento, la futura Ley General contra la Extorsión deberá contemplar:
- Políticas públicas de prevención articuladas entre los tres niveles de gobierno.
- Mecanismos de colaboración entre instituciones de seguridad pública.
- Uso de tecnologías y sistemas de inteligencia informática.
- Coordinación efectiva para definir atribuciones comunes en el combate al delito.
Además, se plantea una definición amplia de extorsión, entendida como cualquier conducta mediante la cual una persona, con fines de lucro o ventaja, coacciona o amenaza a otra —física o moral— por cualquier medio (incluso sin contacto físico) para obligarla a realizar, abstenerse o tolerar algún acto.
Extorsión: una amenaza en evolución
El proyecto destaca que el crecimiento de la extorsión se debe en gran medida a su versatilidad tecnológica. Los agresores utilizan desde llamadas telefónicas y mensajes hasta plataformas digitales para operar sin necesidad de contacto directo. Esta evolución ha facilitado modalidades cada vez más sofisticadas, que afectan indistintamente a ciudadanos, empresas, comerciantes y servidores públicos.
De acuerdo con cifras oficiales, el delito de extorsión ha aumentado en más de un 57% entre 2018 y enero de 2025. Mientras que hace siete años se registraban en promedio 18.89 casos diarios, en el arranque de este año la cifra subió a 29.77 extorsiones por día, lo que confirma la urgencia de un marco legal más robusto y coherente.
Una herramienta del crimen organizado
La presidenta Sheinbaum también subrayó que la extorsión se ha consolidado como una fuente de ingresos del crimen organizado, afectando no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Las amenazas para fijar condiciones de mercado o controlar territorios mediante el cobro de “cuotas” han impactado gravemente a sectores productivos, incluyendo pequeñas y medianas empresas.
El documento también alerta sobre casos en los que la extorsión ha sido utilizada para coaccionar a autoridades, lo que representa una amenaza directa a las instituciones del Estado mexicano.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, que será la cámara de origen para iniciar el trámite legislativo. Se espera que el debate continúe en el próximo periodo ordinario, a partir de septiembre.
De aprobarse, esta reforma marcaría un cambio de enfoque en la política de seguridad nacional, al reconocer la extorsión como una prioridad legislativa y de Estado, y dotar a las autoridades de las herramientas jurídicas necesarias para enfrentarlo de forma integral.
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