La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigiendo justicia por el asesinato de Jasiel Giovanny “N”, un menor de 8 años en Chihuahua, y solicitando el traslado del imputado, Abraham Alejandro F. D., a un penal varonil, en lugar del centro penitenciario femenil donde actualmente se encuentra recluido.
El caso, que ha conmocionado a la sociedad chihuahuense, inició el 2 de julio cuando Jasiel fue reportado como desaparecido tras salir a jugar en un parque del fraccionamiento Circuito Maniqueo, en el sureste de Chihuahua. Un día después, la Fiscalía estatal halló el cuerpo del menor en un terreno cercano al lugar donde fue visto por última vez. Las investigaciones apuntaron al padrastro del niño, Abraham Alejandro F. D., de 24 años, quien fue detenido por omisión de cuidados y enfrenta un proceso penal por homicidio agravado y calificado.
Chávez Treviño destacó que el imputado, identificado como hombre transgénero, fue registrado al nacer con género femenino, pero ha transitado hacia una identidad masculina. Por ello, la senadora argumentó que su reclusión en un penal femenil es “jurídicamente inadmisible” y contraviene el principio del interés superior de la niñez, especialmente porque en dicho centro hay mujeres que cumplen su maternidad, según lo estipulado en el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“En coherencia con su identidad de género, debe ser trasladado a un penal varonil”, afirmó.
La legisladora calificó el homicidio como uno de los casos más graves registrados en Chihuahua, señalando que el menor fue presuntamente sustraído de su hogar por su padrastro, quien lo agredió y le causó heridas mortales. Chávez advirtió que la presencia del acusado en un penal femenil, donde residen niños, representa un riesgo y una omisión institucional grave.
La senadora reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las infancias y llamó a las autoridades estatales a garantizar justicia para Jasiel y a revisar las condiciones de reclusión del imputado, asegurando que se respeten tanto su identidad de género como los principios de seguridad y justicia.
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