El director del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), Todd Lyons, anunció que su agencia intensificará las acciones contra empresas que contraten a migrantes sin papeles, argumentando que muchas de ellas los explotan de forma sistemática. En declaraciones para CBS, afirmó que este tipo de contratación ilegal no es un “delito sin víctimas”, sino que en muchos casos encubre trabajo forzado y redes de tráfico infantil.
“No solo nos centramos en personas que trabajan aquí ilegalmente, también nos centramos en las empresas estadounidenses que explotan a estos trabajadores que vinieron aquí en busca de una vida mejor”, declaró Lyons. El funcionario aseguró que el ICE está decidido a atacar toda la cadena de responsabilidad en la contratación irregular.
La postura del director del ICE se hizo pública una semana después de que las autoridades detuvieran a más de 300 inmigrantes en situación irregular en el sur de California, muchos de ellos empleados en granjas legales de cannabis. Diez de los detenidos eran menores de edad. Estas redadas revelaron condiciones laborales precarias y posibles delitos federales relacionados con el trabajo forzado.
Lyons destacó que su agencia prioriza la captura de delincuentes peligrosos, pero reconoció que bajo la actual Administración se ha ampliado el enfoque para abarcar más categorías de violaciones migratorias. Aseguró que el objetivo del gobierno de alcanzar un millón de deportaciones en 2025 “es posible”, a pesar de que los registros internos obtenidos por CBS muestran menos de 150,000 deportaciones hasta la fecha.
Críticas a ciudades santuario y detenciones colaterales
En la misma entrevista, Lyons criticó a las llamadas ciudades santuario que impiden la cooperación entre autoridades locales y el ICE. Según el director, esta falta de colaboración obliga a sus agentes a hacer operativos dentro de comunidades, lo que resulta en detenciones colaterales de personas no buscadas inicialmente.
“Nos encantaría centrarnos en extranjeros delincuentes que están en centros penitenciarios, pero si no nos los entregan, tenemos que ir a las comunidades”, señaló. Aseguró que eso complica la operación y pone en riesgo tanto a agentes como a civiles.
Lyons también remarcó que muchos de los individuos arrestados previamente habían sido considerados amenazas para la seguridad pública por agencias estatales o locales. En su opinión, negarse a entregarlos al ICE representa un retroceso en la lucha contra el crimen.
La estrategia anunciada por Lyons marca un cambio significativo en el enfoque del ICE, que ahora apunta no solo a los migrantes, sino a los empleadores que los contratan en condiciones precarias. Esta postura podría generar conflictos con sectores económicos que dependen de esta mano de obra y con gobiernos locales que rechazan la participación del ICE en sus territorios.
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