El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfrenta un creciente malestar social tras la aprobación de una polémica ley que, según activistas y voces internacionales, debilita la arquitectura institucional anticorrupción del país. Las movilizaciones, convocadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, marcan el primer gran desafío público al mandatario desde el inicio de la invasión rusa hace más de tres años.
Las manifestaciones comenzaron la noche del martes en Kiev y otras ciudades, donde miles de personas exigieron al presidente vetar el proyecto aprobado por el Parlamento. Sin embargo, al día siguiente, Zelenski confirmó su respaldo a la legislación, argumentando que fortalecerá el combate contra la corrupción.
«Todos escuchamos lo que dice la sociedad», escribió el presidente en su cuenta de Telegram, tras sostener una reunión con los jefes de las principales agencias anticorrupción y de seguridad del país. No obstante, insistió en que el nuevo marco legal es necesario para evitar la impunidad y acelerar los procesos judiciales.
Críticos del mandatario sostienen lo contrario. Según los activistas, la ley refuerza el control gubernamental sobre dos de los principales órganos anticorrupción, lo que podría traducirse en un debilitamiento de su autonomía y en una mayor capacidad de intervención por parte del círculo cercano al presidente.
UE y Transparencia Internacional advierten retroceso institucional en Ucrania
El descontento interno se ha visto amplificado por la reacción internacional. Desde Bruselas, varios funcionarios de la Unión Europea han expresado su preocupación ante lo que consideran un retroceso en los compromisos de Ucrania con los estándares de transparencia exigidos para su eventual adhesión al bloque.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió que «limitar la independencia de la agencia anticorrupción obstaculiza el camino del país hacia la UE». Por su parte, la organización Transparencia Internacional en Ucrania denunció que el proyecto de ley aprobado representa un golpe directo a las reformas institucionales impulsadas desde la llamada Revolución de la Dignidad de 2014.
«Las autoridades están desmantelando la arquitectura anticorrupción del país», indicó el capítulo ucraniano de dicha organización, que también señaló un daño considerable en la relación de confianza con los aliados internacionales.
La ley permitiría, entre otras cosas, que el Ejecutivo tenga mayor injerencia en los nombramientos y procedimientos dentro de las agencias anticorrupción. Los manifestantes acusan a Zelenski de buscar concentrar poder justo en un momento en que su legitimidad se ve erosionada por los efectos prolongados de la guerra con Rusia.
Zelenski argumenta que ley elimina interferencia rusa y acelera justicia
En defensa de la medida, Zelenski sostuvo que busca eliminar la supuesta «influencia rusa» dentro del sistema judicial ucraniano y garantizar que los responsables de desfalcos o corrupción enfrenten sanciones reales.
«Los casos penales no deberían prolongarse durante años sin veredictos, y aquellos que trabajan contra Ucrania no deben sentirse cómodos o inmunes al castigo», escribió el mandatario. También denunció que algunos funcionarios implicados en casos graves viven en el extranjero sin consecuencias legales.
A pesar de sus declaraciones, no proporcionó pruebas sobre la presunta injerencia de Moscú en el aparato anticorrupción. Esta falta de evidencia ha sido aprovechada por el Kremlin para ridiculizar la posición de Zelenski.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ironizó sobre la narrativa del presidente ucraniano: «También podrían sacar un par de osos de la esquina», comentó sarcásticamente, en referencia a las alegaciones sobre infiltración rusa.
Zelenski, quien ha sido la imagen internacional de la resistencia ucraniana ante la invasión rusa, ahora se enfrenta a un escenario interno más hostil. La tensión crece no solo por los desafíos bélicos, sino por una ciudadanía que exige transparencia y coherencia con los principios democráticos que el gobierno asegura defender.
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