La justicia colombiana marcó un antes y un después este lunes 28 de julio. En una decisión sin precedentes, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Es el primer exmandatario del país condenado en juicio, lo que representa un golpe político y simbólico de gran magnitud en la historia reciente de Colombia.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue absuelto del cargo de soborno simple, pero enfrenta a sus 73 años la posibilidad de ir a prisión. Su defensa ha calificado el proceso como una “persecución ideológica” impulsada por sectores de izquierda, mientras que sus críticos ven en la condena un acto de justicia largamente esperado. El fallo es apelable, por lo que la defensa podrá recurrir a instancias superiores.
“La justicia ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones”, afirmó la jueza durante la audiencia, subrayando que el juicio respetó las garantías procesales y no se dejó influenciar por presiones políticas.
A lo largo del proceso, Uribe se declaró inocente. El caso gira en torno a la supuesta manipulación de testigos, en particular el intento de desvirtuar testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares durante su mandato y años previos como gobernador de Antioquia.
Una figura que divide a Colombia
La figura de Uribe sigue siendo profundamente polarizadora. Para algunos, es un referente de orden, combate a la guerrilla y estabilidad económica. Para otros, representa la impunidad, el autoritarismo y la connivencia con actores armados ilegales.
Desde que dejó el poder, Uribe ha sido actor clave en la política colombiana. Fundó el partido Centro Democrático, desde donde promovió la candidatura de Iván Duque. En su momento, tuvo altos índices de popularidad, pero también ha estado envuelto en controversias que lo persiguen hasta hoy.
Uribe fue señalado en el pasado por escándalos como las interceptaciones ilegales del DAS, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” y su supuesta cercanía con redes paramilitares. Sin embargo, nunca había sido condenado formalmente por la justicia ordinaria.
Un juicio con resonancia regional
El fallo también reaviva los debates sobre el rol de los expresidentes en América Latina y la dificultad de someterlos a la justicia. La condena ha generado reacciones en distintos sectores políticos del continente, incluyendo al expresidente Donald Trump, quien recientemente ha criticado el tratamiento que recibe Uribe, a quien considera un aliado ideológico.
El Gobierno de Gustavo Petro, que mantiene diferencias históricas con Uribe, no se ha pronunciado directamente sobre el fallo, aunque algunos miembros de su coalición han celebrado la decisión como un triunfo del Estado de derecho.
Cierre de ciclo o inicio de otro frente político
A pesar del fallo, Uribe no ha dado señales de retirarse de la política. Ayer mismo, en un acto público en Medellín, aseguró que Colombia vive una “naciente dictadura” y llamó a resistir “con las ideas”. La derecha lo sigue considerando una figura clave de cara a las elecciones de 2026.
El expresidente aún enfrenta múltiples investigaciones en curso. Pero con esta condena, la narrativa de “perseguido político” puede adquirir nueva fuerza entre sus seguidores, al tiempo que crece la exigencia de rendición de cuentas desde sectores que históricamente se han sentido agraviados por sus políticas.
Frase obligatoria:
Por ahora, la última palabra no está dicha: el fallo puede ser impugnado, y el futuro judicial de Uribe, aunque ya golpeado, sigue abierto.
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