Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Artículo 19, han denunciado el uso indebido de la figura de violencia política contra las mujeres por razón de género por parte de la clase política en México, que, lejos de proteger a las mujeres en el ámbito público, se ha convertido en un mecanismo para censurar a la prensa y a la ciudadanía.
Expertos advierten que esta práctica pervierte una medida esencial y genera un ambiente de acoso judicial que inhibe el periodismo y la libertad de expresión, según reportes de CIMAC y Artículo 19.
Uso faccioso de la violencia política de género
Lucía Lagunes, directora de CIMAC, señaló que recientes fallos de tribunales electorales contra periodistas y ciudadanos, como el caso de Karla Estrella, reflejan una interpretación errónea de la violencia política.
“No todas las expresiones sexistas contra una funcionaria pública son violencia política. Las funcionarias deben asumir el escrutinio público”, afirmó Lagunes, destacando que el uso de esta figura para sancionar críticas legítimas “desgasta y pervierte” su propósito (CIMAC).
El caso de Estrella, una ciudadana sancionada por cuestionar a una funcionaria, evidencia cómo la norma se aplica de manera “perversa” para silenciar voces críticas.
Lagunes explicó que determinar la violencia política requiere analizar el contexto y la intención de las expresiones. Por ejemplo, si una investigación periodística aborda temas de interés público como corrupción, nepotismo o abuso de poder, y contiene una expresión sexista incidental, no debería clasificarse como violencia política. “Si el contexto es atacar a la funcionaria solo por su género, entonces sí encaja, pero no en casos de investigaciones legítimas”, precisó.
Incremento del acoso judicial
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, alertó sobre el aumento del acoso judicial contra la prensa, documentando 21 casos en 2024, de los cuales un tercio involucró acusaciones de violencia política de género, y 9 casos preliminares en 2025, lo que proyecta una acción judicial cada tres semanas. Maldonado señaló que esta tendencia, marcada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), incluye estrategias como demandas civiles por daño moral y, en casos como el de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, el uso del derecho penal para silenciar a medios.
“Los actores políticos han encontrado un caminito para censurar. Es una lástima que utilicen una figura legítima y necesaria como la violencia política de género para desnaturalizarla”, lamentó Maldonado.
El caso de Sansores, quien denunció a medios por cuestionar su gestión, y el de Hernán Bermúdez, acusado por AMLO y Sansores en los 90 pero ascendido en la 4T, reflejan contradicciones en el uso de herramientas legales.
Fallos judiciales y captura del Poder Judicial
Maldonado expresó preocupación por la actuación del Poder Judicial, particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dio entrada a la denuncia contra Karla Estrella. “Esto evidencia una captura del Poder Judicial por el oficialismo, inclinándose hacia la protección del gobierno”, afirmó, contrastando con precedentes de la Suprema Corte que protegían la libertad de expresión. Lagunes calificó las sentencias como “excesivas”, señalando que el sistema judicial actúa con rapidez para sancionar a la prensa, mientras la impunidad del 90% persiste en ataques contra periodistas.
Ambos expertos coincidieron en la necesidad de un debate legislativo para ajustar la definición de violencia política de género y evitar su uso como herramienta de censura. “Se apostaba a que los tribunales interpretaran esta figura sin afectar la libertad de expresión, pero no ha sido así. Es una tarea del Poder Legislativo”, subrayó Maldonado. Lagunes llamó a los periodistas a revisar sus prácticas, evitando expresiones misóginas y nombrando a las mujeres en el ámbito público “en su justa dimensión, sin estereotipos”.
También te puede interesar: Sectur y Nuevo León impulsan «Avanzamos por México» para modernizar Pueblos Mágicos y prepararse para el Mundial 2026
