Funcionarios federales de EE. UU. abrieron una investigación contra Jack Smith, el fiscal especial que imputó a Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados. La acción ocurre bajo sospecha de que Smith actuó con motivaciones políticas durante las pesquisas, lo que reaviva la tensión entre el aparato judicial estadounidense y el expresidente.
La Oficina de Asesoría Especial (OSC, por sus siglas en inglés) confirmó que investiga a Smith bajo la Ley Hatch, que prohíbe a empleados federales utilizar su posición para influir en elecciones. La solicitud fue presentada por el senador republicano Tom Cotton, quien acusó al fiscal de «interferir de forma sin precedentes» en los comicios presidenciales de 2024. A pesar de enfrentar múltiples cargos, Trump resultó ganador en esa contienda.
Aunque la OSC carece de autoridad para presentar cargos penales, puede emitir sanciones administrativas o remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia para posibles acciones disciplinarias. Por ahora, no se ha confirmado si Smith ya rindió testimonio ante el organismo o si enfrenta medidas concretas.
Imputación por conservar documentos clasificados
Smith fue designado en 2022 por el fiscal general Merrick Garland con el encargo de encabezar las investigaciones contra Trump. Una de las más significativas lo acusó ante una corte federal del Distrito de Columbia de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, las cuales perdió frente a Joe Biden.
Además, fue imputado en Florida por conservar documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca, ocultándolos en su residencia de Mar-a-Lago.
Ambas imputaciones generaron una fuerte reacción del expresidente, quien constantemente denunció una «caza de brujas» orquestada desde la administración de Biden. La narrativa de persecución judicial fue clave en su estrategia electoral, particularmente tras la retirada de los cargos por parte de Smith luego de su triunfo electoral.
juicio suspendido por normativa del Departamento de Justicia
La decisión de suspender los juicios responde a una normativa del Departamento de Justicia que impide procesar penalmente al presidente en funciones. Este criterio legal ha sido objeto de debate por especialistas, ya que plantea dudas sobre la rendición de cuentas del poder ejecutivo cuando este se encuentra bajo escrutinio judicial.
Desde el Congreso, la medida contra Jack Smith fue celebrada por sectores conservadores como una forma de restaurar la neutralidad del aparato judicial. En contraste, diversos analistas consideran que la acción de Trump podría representar una forma de represalia contra funcionarios que lo investigaron, algo que podría sentar un precedente riesgoso para la autonomía de la justicia en EE. UU.
El caso también reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial, la inmunidad en funciones y la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos. De momento, la OSC no ha establecido un plazo para resolver la indagatoria ni ha adelantado posibles escenarios en caso de que se compruebe una violación a la Ley Hatch.
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