El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, confirmó este jueves que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa. La decisión ocurre en medio de crecientes restricciones migratorias a funcionarios mexicanos por parte de Washington, aunque el edil afirmó que no hay ninguna acusación en su contra y aseguró que enfrenta el caso como un proceso “meramente administrativo”.
“Hoy como siempre, doy la cara. Tú me diste tu confianza en dos ocasiones y eso para mí es sagrado. Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa”, expresó Gim en un mensaje dirigido a los ciudadanos.
“No se me acusó de nada indebido”, afirma
El presidente municipal, militante de Morena, afirmó que mantiene la tranquilidad y que su conciencia “está en paz”, ya que no se le señaló por ninguna conducta inapropiada. “No se trata de una cacería ni de un escándalo. Se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto”, enfatizó.
A pesar de la medida, aseguró que continúa en funciones con normalidad desde su oficina y que participa en reuniones binacionales de seguridad. “Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo”, afirmó. Además, llamó a no caer en confrontaciones políticas y a mantener la unidad. “Mi compromiso es contigo, con los hogares, con la gran frontera que estamos construyendo”, insistió.
El retiro de visa representa un obstáculo relevante para autoridades fronterizas, debido a la dinámica bilateral que exige cruces frecuentes para coordinar acciones en materia de seguridad, migración, comercio o salud pública.
Más funcionarios fronterizos bajo lupa
El caso de Juan Francisco Gim se suma a una cadena de funcionarios morenistas a quienes Estados Unidos ha retirado la visa en los últimos meses. Apenas en julio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también fue afectada junto a su esposo, Carlos Torres, excoordinador de Programas para el Bienestar.
Aunque Washington no suele hacer públicos los motivos específicos detrás de la cancelación de visas diplomáticas o personales, la medida genera implicaciones políticas y operativas. En el caso de la gobernadora Ávila, el Departamento de Estado se reservó comentarios y solo señaló que las visas “pueden revocarse en cualquier momento si las condiciones lo justifican”.
Hasta ahora, la Embajada de Estados Unidos en México no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso de Gim ni ha confirmado si existen más procesos similares en curso contra otros alcaldes o funcionarios de la región norte.
¿Por qué es relevante?
En la frontera, la cancelación de visas puede afectar directamente la capacidad de gestión de autoridades locales que deben acudir regularmente a reuniones con contrapartes estadounidenses. Aunque no equivale a una acusación penal, sí refleja que la persona dejó de cumplir ciertos criterios de elegibilidad migratoria o que enfrenta alguna revisión de antecedentes.
Para analistas en relaciones bilaterales, este tipo de acciones suelen utilizarse como presión diplomática indirecta. “Es una forma silenciosa de marcar distancia o expresar descontento político, sin necesidad de romper relaciones formales”, señaló un exfuncionario de la Cancillería mexicana consultado en condición de anonimato.
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