El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la construcción de un segundo centro de detención para inmigrantes, denominado “Deportation Depot”, que funcionará en la prisión estatal Baker Correctional Institution, ubicada a 69 kilómetros al oeste de Jacksonville. Con capacidad inicial para 1.300 detenidos y posibilidad de ampliar a 2.000, la instalación busca responder a la creciente demanda de detención y deportación impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Nueva infraestructura para agilizar detenciones
El primer centro, conocido como “Alligator Alcatraz”, inaugurado hace dos meses en una pista aislada de los Everglades, sigue operativo. DeSantis defendió la necesidad de esta expansión afirmando que “hay demanda para esto. Estoy seguro de que estará lleno”. El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su titular Kristi Noem, respaldó la iniciativa y destacó la cooperación estatal como modelo para otras instalaciones.
El nuevo centro funcionará en áreas actualmente no utilizadas de Baker Correctional Institution, lo que permite adecuarlo rápida y económicamente, con un costo estimado de 6 millones de dólares, frente a cientos de millones invertidos en carpas y remolques del primer centro. Según Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, las instalaciones podrían entrar en operación en dos o tres semanas, aunque requieren adaptaciones como la instalación de aire acondicionado ante las altas temperaturas.
Personal y logística del centro
El personal será provisto por la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales según la necesidad. La Guardia Nacional ya se encuentra involucrada en la gestión de prisiones estatales y apoyo en la aplicación de la ley migratoria. DeSantis explicó que la elección de Baker Correctional Institution se debe a su capacidad inmediata y cercanía a un aeropuerto regional, descartando otras opciones como Camp Blanding, que no cuenta con una pista adecuada para grandes aviones.
El gobernador aseguró que los detenidos contarán con “los mismos servicios” que en Alligator Alcatraz, sin detallar la naturaleza específica de estos. Sin embargo, defensores de los inmigrantes han denunciado condiciones precarias en el primer centro, incluyendo exposición a COVID-19, inundaciones en las carpas y presiones para firmar órdenes de salida voluntaria sin acceso adecuado a representación legal, según documentos judiciales presentados ante la corte y reportes de Associated Press.
Controversia y reacciones
La creación de Deportation Depot se produce en un contexto de tensiones por la política migratoria de Florida y Estados Unidos, en la que DeSantis ha impulsado medidas agresivas para aumentar la detención y deportación de inmigrantes. La operación del nuevo centro plantea interrogantes sobre derechos humanos, supervisión legal y condiciones de detención, mientras el gobierno estatal insiste en su utilidad para cumplir con las órdenes federales de inmigración.
Organizaciones de defensa de migrantes han criticado la medida, advirtiendo que la ampliación de centros de detención podría generar un aumento de violaciones a derechos fundamentales, además de presionar a familias y solicitantes de asilo en procesos legales aún pendientes. Diversos expertos en políticas migratorias señalan que la estrategia de Florida contrasta con enfoques humanitarios adoptados en otros estados, y podría intensificar la polarización política en torno al tema migratorio en el país.
El gobernador DeSantis, sin embargo, aseguró que se respetarán las normas legales vigentes y que los centros contarán con supervisión para garantizar “trato justo y seguro” a los detenidos. Aun así, analistas advierten que la rapidez de apertura y la falta de experiencia en la gestión de población migrante puede derivar en incidentes, por lo que la operación del nuevo centro será vigilada de cerca por organismos de derechos humanos y medios internacionales.
Además, la construcción de Deportation Depot coincide con un periodo de alta movilidad migratoria hacia Estados Unidos, en el que se espera un aumento de detenciones en la frontera y traslados internos. Las autoridades de Florida anticipan que la demanda podría superar la capacidad inicial, lo que implicaría potenciales ampliaciones o reapertura de otras instalaciones estatales en un futuro cercano.
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