El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de servidores públicos y directivos de empresas presuntamente implicados en el robo y tráfico de combustible. Las capturas derivaron de la investigación sobre el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas. El funcionario adelantó que este domingo ofrecerá una conferencia para detallar el alcance de la operación, mientras crecen versiones sobre la detención de un vicealmirante vinculado con maniobras fiscales de huachicol.
Las acciones recientes marcan un nuevo episodio en la lucha contra el llamado huachicoleo. Harfuch comunicó que la operación fue ejecutada de forma coordinada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC. La investigación apunta tanto a estructuras empresariales como a funcionarios que, presuntamente, facilitaron actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
De acuerdo con la SSPC, las detenciones están vinculadas con el decomiso de 10 millones de litros de combustible ilícito en Tampico el pasado marzo. Harfuch aseguró que el compromiso es “detener a los involucrados en el delito de huachicoleo” y dar seguimiento judicial sin excepciones.
La posible detención de un vicealmirante sacude al ámbito naval
Pocas horas antes del comunicado oficial, medios nacionales reportaron la supuesta captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Según versiones difundidas por Grupo Reforma, estaría involucrado en contrabando técnico y evasión de impuestos mediante maniobras administrativas.
Aunque la información no ha sido confirmada por la Semar ni por la FGR, fuentes cercanas al caso aseguran que el operativo incluyó la detención de al menos siete personas más. De validarse, la aprehensión del vicealmirante sería uno de los golpes más significativos contra un mando naval en la administración de la llamada Cuarta Transformación.
La Secretaría de Marina informó de manera escueta que las personas detenidas ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, evitó precisar cargos, identidades o el alcance de las investigaciones, remitiendo cualquier detalle adicional a la conferencia programada para el domingo a las 11:00 horas.
Una estrategia federal que busca frenar el huachicoleo
La detención de servidores públicos y directivos empresariales refleja un cambio en la estrategia contra el huachicol. Ya no se trata únicamente de asegurar ductos o decomisar combustible; las autoridades han comenzado a investigar las redes de complicidad institucional y empresarial que permiten el contrabando a gran escala.
En los últimos años, el huachicoleo ha representado pérdidas millonarias para el Estado y un desafío para la seguridad energética de México. El aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, seguido del de 15 millones más en Ramos Arizpe y Saltillo en junio pasado, expone la magnitud del mercado ilícito.
Analistas advierten que las operaciones contra altos mandos militares o empresariales podrían tensar aún más la relación entre instituciones de seguridad y sectores privados vinculados a la energía. Sin embargo, para el gobierno federal, mostrar resultados en este frente es esencial para sostener su narrativa de combate a la corrupción y al crimen organizado.
Mientras tanto, la expectativa se centra en la conferencia que Harfuch encabezará el domingo. Ahí podrían aclararse si las versiones sobre Farías Laguna son ciertas y si las investigaciones se expandirán hacia otros niveles del aparato estatal y corporativo.
Por ahora, las detenciones marcan un golpe simbólico y operativo en el combate al huachicoleo, pero también abren la puerta a interrogantes sobre el alcance real de la corrupción en el sector energético mexicano.
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