La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa y contra individuos y empresas presuntamente vinculados a sus operaciones en Playas de Rosarito, Baja California. Entre los señalados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa morenista de Rosarito y actual diputada federal por el Distrito 9 de Baja California. Según el gobierno estadounidense, Brown habría tenido vínculos políticos con operadores del cártel para influir en la estructura municipal y facilitar actividades delictivas. La inclusión de la legisladora en la lista negra marca un duro golpe político y genera tensiones bilaterales en torno al alcance de la corrupción local.
Rosarito, punto clave en la red criminal
De acuerdo con el Tesoro, Rosarito se ha convertido en una “arteria clave” para el tráfico de drogas hacia California. La ciudad fue identificada como un enclave estratégico para Los Mayos, facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del histórico capo Ismael “El Mayo” Zambada. El informe sostiene que la cercanía con la frontera permitió consolidar un corredor para el trasiego de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de actividades paralelas como secuestros, extorsiones y lavado de dinero.
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó: “El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”. El funcionario agregó que estas medidas responden a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas, reflejando así la dimensión política de la acción.
La exalcaldesa en el centro de la acusación
Según la OFAC, Araceli Brown habría mantenido relaciones cercanas con dos operadores clave: Jesús González Lomelí, empresario local, y Candelario Arcega Aguirre, identificado como “agente político”. Ambos sirvieron como intermediarios con los hermanos Alfonso y René Arzate García, sancionados previamente por Washington y considerados líderes regionales de Los Mayos. El reporte señala que, en conjunto, recaudaban pagos de extorsión, gestionaban operaciones criminales y garantizaban protección a través de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Esta red habría permitido, en palabras del Tesoro, la “captura parcial” del gobierno local de Rosarito.
El señalamiento contra Brown no solo pone en entredicho su trayectoria política, sino que también plantea un reto directo a Morena, su partido, que ahora enfrenta presiones por aclarar su postura frente a estas acusaciones. La legisladora no ha emitido respuesta pública hasta el momento.
El imperio financiero y el lavado de dinero
En el plano económico, la OFAC designó 14 empresas asociadas a González Lomelí, descrito como “magnate empresarial” de Rosarito. La red incluye bares, restaurantes, resorts y centros nocturnos como Bombay Beach Club y Coco Beach Club, además de empresas hoteleras y de espectáculos. Según Washington, estas estructuras sirvieron para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. Al sancionarlas, el Tesoro busca cortar flujos financieros que sostienen a Los Mayos.
Candelario Arcega también fue señalado por controlar la empresa Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., la cual habría servido como fachada para actividades logísticas del cártel. La combinación de poder político y control empresarial, apunta el reporte, permitió a Los Mayos ampliar su control territorial en la franja fronteriza.
Expansión violenta y conexiones en Sinaloa
La acción estadounidense también incluyó a Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos”, identificado como líder de la banda “Los Rugrats” en Laguna Colorada, Sinaloa. Este grupo estaría dedicado a la producción de fentanilo y a ejecutar ataques contra rivales bajo las órdenes de René Arzate. La OFAC subrayó que la inclusión de “Carlitos” conecta la producción en Culiacán con la distribución y el lavado en Rosarito, cerrando así el círculo operativo del cártel.
Washington sostiene que, tras las detenciones de Joaquín Guzmán Loera y los golpes a la cúpula de El Mayo Zambada, el Cártel de Sinaloa quedó dividido en dos grandes facciones: Los Chapitos y Los Mayos. Ambas compiten por territorios estratégicos, incluyendo Baja California. Con estas sanciones, el Tesoro intenta debilitar la base financiera de Los Mayos y enviar un mensaje sobre el costo de la corrupción política.
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