Elementos de la Secretaría de Marina realizaron un cateo en una residencia de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Las autoridades vinculan la propiedad con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”. La Fiscalía General de la República lo investiga por presunto huachicol fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. El operativo federal ocurrió en medio de una ofensiva nacional contra el contrabando de combustible que entra desde Estados Unidos.
El despliegue ocurrió durante la mañana del pasado domingo 10 de mayo en el sector Valle de San Ángel. La propiedad se ubica sobre la avenida Gómez Morín, cerca del cruce con Uxmal.
La presencia de vehículos oficiales y elementos armados llamó la atención de vecinos y automovilistas. La Marina cerró parcialmente la circulación en la zona mientras realizaba las diligencias.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no reportaron personas detenidas ni bienes asegurados.
La investigación apunta hacia Roberto Blanco Cantú, empresario mexicoestadounidense originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Reportes federales lo identifican como uno de los principales operadores de una red de contrabando de hidrocarburos.
Las autoridades señalan que el empresario operaba desde oficinas ubicadas en la Torre Metropolitan, en San Pedro Garza García.
FGR investiga red de combustible ilegal
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Blanco Cantú. Los expedientes incluyen delitos relacionados con hidrocarburos, operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada.
Las autoridades acusan a la red de importar diésel desde Texas mediante documentos falsos. Después distribuían el combustible en territorio mexicano para evadir impuestos.
Entre las empresas investigadas aparece Mefra Fletes. La compañía cuenta con cientos de tractocamiones y pipas. Según las autoridades, la firma movía millones de litros de combustible ilegal.
Las investigaciones también incluyen a Autolíneas Roca y Autotransportes Montimex. Ambas empresas presuntamente participaron en la logística de distribución.
Los reportes oficiales indican que la red utilizaba puertos estratégicos para introducir hidrocarburos. Entre ellos destacan Ensenada, Altamira, Tampico y Veracruz.
Después, las organizaciones distribuían el combustible mediante compañías fachada y documentación alterada.
Las autoridades estiman que la operación alcanzó al menos 15 estados del país. Además, calculan pérdidas millonarias para el erario.
Uno de los golpes más importantes ocurrió en marzo de 2025. En esa ocasión, autoridades federales aseguraron cerca de 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California.
Otro decomiso relevante ocurrió en Altamira, Tamaulipas. Ahí también localizaron hidrocarburo que habría ingresado de manera ilegal.
Investigaciones alcanzan posibles nexos criminales
El nombre de Roberto Blanco Cantú también aparece en investigaciones de autoridades estadounidenses.
De acuerdo con reportes oficiales y trabajos periodísticos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Mefra Fletes con operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las investigaciones también mencionan posibles nexos indirectos con estructuras del Cártel del Golfo.
El entorno familiar del empresario igualmente enfrenta investigaciones. Su hermano, Rigoberto Blanco Cantú, conocido como “Rigoberto Brown”, fue detenido por el FBI en 2022.
Las autoridades estadounidenses lo investigaron por presunta extorsión aduanal ligada al Cártel del Golfo.
Desde septiembre de 2025, la FGR mantiene una orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú. Sin embargo, diversos amparos frenaron temporalmente su captura.
El operativo realizado por la Marina forma parte de la estrategia federal contra el huachicol fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó las acciones para combatir el contrabando de combustibles y la evasión fiscal.
Especialistas en seguridad consideran que estas redes representan un reto importante para el país. Las organizaciones combinan transporte, operaciones financieras y posibles vínculos criminales.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva los resultados oficiales del cateo. Se espera que las autoridades informen en las próximas horas si hubo aseguramientos o nuevas órdenes judiciales.
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